Diez sociedades, todas ellas controladas por la misma persona „el empresario Vicente Huerta„, que operaban en sectores tan distintos como la aviación privada, los contratos públicos de extinción aérea de incendios o las inversiones en proyectos urbanísticos. Se cruzaban entre sí contratos de servicios realizados, pero también facturas falsas para desgravar, compartían participaciones en terceras sociedades y se hacían préstamos entre sí. Pero todo esa compleja estructura financiera operaba bajo el principio llamado «de caja única» en un entramado empresarial típico del «blanqueo de capitales».

Lo subraya la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía judicial en uno de sus informes sobre el funcionamiento económico del grupo de Vicente Huerta, el empresario favorecido por el exconseller Serafín Castellano en la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios por más de 45 millones de euros. A cambio de presuntos sobornos „como el pago de cacerías, regalo de coches o de joyas„ a políticos como Castellano y cargos públicos como el exdirector de Aviación Civil, Salvador Alepuz, Huerta cobraba el doble por año de servicio respecto a la etapa anterior a Castellano (pasó de 3,3 a 5,5 millones), se saltaba las condiciones de los pliegos sin ser penalizado y lograba las adjudicaciones por la vía de urgencia.

La UDEF concluye que estructuras «personales y societarias» como las del Holding Avialsa acreditan una «metodología» de operaciones accionariales y transacciones económicas cruzadas «propia de estructuras desarrollladas para blanquear capitales».

Operaciones cruzadas

En la investigación desarrollada por la policía se han constatado diversos movimientos sospechosos. Por ejemplo, un préstamo de 1.111.429 euros que Aviación Agrícola del Levante concedió a Avialsa en el año 2007. La unidad policial de delitos económicos ha destripado los saldos económicos y deudas contabilizadas que Holding Empresarial Avialsa mantuvo en 2012 con Air Tractor Europe y que ascendían a 3.205.674 euros. Estas dos últimas empresas tenían, además, participaciones cruzadas y mantuvieron «relaciones económicas y financieras entremezcladas con un único propósito», subraya el informe en alusión a esa operativa de presunto blanqueo.

La policía reparó en «los frecuentes cambios que han tenido todas las sociedades del grupo, que de forma similar han variado de auditor de cuentas censado», según se acredita en las distintas inscripciones del Registro Mercantil. Primero fue Gasso & Cia Auditores, hasta que el 9 de febrero de 2010 Vicente Huerta optó por quedar en manos de BDO auditores. El 11 de junio de 2013, el grupo Avialsa cambió de nuevo de auditor para designar a Milla Martínez y Asociados Auditores SLP. La cuestión de los cambios de auditores «pudiera ser anecdótica o trascender a una realidad de interés, como consecuencia de que acorde con los hechos denunciados, la manipulación de la contabilidad para la comisión delictiva ha sido una de las herramientas clave». La UDEF cree que el cambio constante de fiscalizador de cuentas no es casual, dado que al auditor se le atribuye «en teoría la función inspectora», la de «detectar estos hechos y proceder a su denuncia».