Cada día desaparecen en la Comunitat Valenciana más de cuatro personas, o eso es al menos lo que se desprende de las denuncias por desaparición interpuestas ante la Policía Nacional y la Guardia Civil en las tres provincias valencianas durante el pasado año 2015, según datos del Ministerio del Interior recabados por Levante-EMV. Sin embargo, ¿cuántas de estas personas siguen a día de hoy en paradero desconocido? Y lo que es más grave, ¿a qué alarmante cifra asciende el número total de desaparecidos incluyendo aquellos de larga duración?
Es el gran misterio que no figura en ningún tipo de base de datos estatal o autonómica. La pregunta a la que los organismos no quieren dar respuesta amparándose en una argumentación simplista y fútil. «No hay un registro activo porque la gente denuncia las desapariciones pero cuando esa persona aparece a las pocas horas, ese mismo día o en días posteriores, se olvida de quitar esa denuncia», explicaron desde el Ministerio del Interior.
Asociaciones como SOS Desaparecidos y Adesepa consideran que se trata más de un problema de «desorganización y dejadez» por parte de las administraciones por carecer de una base de datos unificada. Además, «nunca te dirán la cantidad de personas desaparecidas porque no les interesa, es una auténtica barbaridad», remarcaba Salvador Domínguez, presidente de la Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas de la Comunitat Valenciana (Adesepa). De hecho, según sus cálculos se baraja que la cifra de valencianos desaparecidos supera los mil casos.
En total el pasado año se presentaron 1.695 denuncias por desaparición en la Comunitat, 981 de ellas en la provincia de Valencia. No obstante, las fuentes del Ministerio del Interior consultadas insistieron en que dichos datos «son irrelevantes y no reflejan el número de personas desaparecidas reales». Del mismo modo apuntaron que el 80 por ciento de estas denuncias se resuelve, bien sea porque la persona aparece con vida o por el hallazgo de su cadáver.
Pero lo cierto es que algo falla. Hace apenas un par de meses las autoridades italianas localizaron a un ciudadano español desaparecido hace 17 años que vivía como ermitaño en un monte de la Toscana. Cuando se pusieron en contacto con la policía española éstos les dijeron que dicha persona no figuraba como desaparecido. Sin embargo, a través de la colaboración entre la asociación italiana Penélope y SOS Desaparecidos, que cruzaron datos, se pudo confirmar que se trataba de un médico sevillano que desapareció a los 26 años en abril de 1998 y que incluso había sido dado ya por fallecido.
«Estamos creando un protocolo a nivel europeo para que ante cualquier persona que desaparezca en Europa se active una base de datos común», explicó Francisco Jiménez, coordinador nacional de SOS Desaparecidos. «Si nosotros podemos con presupuesto cero no entiendo por qué el Estado no. Simplemente hay que poner interés», remarcó.
Su asociación activó el pasado año un total de 449 alertas por desaparición en todo el territorio nacional. En un 58 por ciento de los casos fueron localizados con vida (137 personas). No obstante, 118 fueron encontrados fallecidos y 70 todavía siguen desaparecidos. En concreto en la Comunitat Valenciana se activaron 40 búsquedas, de las que 27 siguen activas, según reflejan los datos facilitados por esta entidad sin ánimo de lucro. Asimismo se observa que pese al pensamiento generalizado de que la mayoría de casos son de ancianos con problemas de Alzheimer o que simplemente se desorientan, la cifras reflejan que los mayores de 70 años desaparecen menos que adultos y menores de edad.
Aunque Jiménez aclara que estas estadísticas se basan únicamente en los casos de los que ellos tienen constancia. «A nosotros solo nos llega un dos por ciento de las denuncias, además hay muchos que no se contabilizan porque hay indicios de criminalidad y para no perjudicar la investigación».
Respecto a las excusas que suelen dar desde el Ministerio del Interior a la hora de no facilitar la cifra total de desaparecidos por desconocimiento, bien por que no se retiran las denuncias una vez aparece el familiar o incluso porque existen denuncias dobles, Jiménez indica que «esto solo demuestra la desconexión total que hay entre unos cuerpos policiales y otros». «Por norma general como mínimo llaman para decir que ya ha aparecido, con nosotros lo hacen». Además, «el protocolo por desaparición establece que la policía debe de tener una comunicación fluida con las familias, si no saben si sigue o no desaparecido es porque no se cumple».
Desapariciones de alto riesgo
Cuando se produce una desaparición de alto riesgo -desde 2011 todas las de menores son catalogadas de esta forma- la policía realiza pruebas de ADN a los familiares del desaparecido para cotejarlas posteriormente con aquellos cadáveres hallados y que permanecen sin identificar. Pruebas de ADN aparte, la labor de investigación de los primeros días, semanas e incluso meses resulta vital para la resolución del caso. «Conforme van pasando los años se van olvidando las cosas y es prácticamente imposible que aparezca, por eso dicen que las desapariciones que no se resuelven el primer año están condenadas a no resolverse jamás», explicaba Amparo, cuya hermana desapareció en 1991.
Los años van pasando y muchos familiares pierden la esperanza en volver a ver, ya sea vivo a muerto, a aquel que un día desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Pese al dolor asumen con resignación su ausencia y tratan de seguir adelante con sus vidas sin querer echar la vista atrás. «Lo he intentado todo, he llamado miles de veces a la Guardia Civil para ver si tenían una pista pero nada», reconocía el padre de Miguel Ángel Grau, desaparecido en Xàtiva en enero de 2003 cuando apenas contaba con 21 años de edad. «Han pasado ya trece años y si se ha ido de forma voluntaria sabe donde vivimos». «No quiero remover nada, no quiero abrir la herida otra vez», confesaba sin querer entrar en detalles que hasta ahora no le han llevado a puerto alguno.
¿Cuándo se les declara fallecidos?
Además de la incertidumbre y del factor emocional que conlleva la ausencia de un ser querido, otro de los problemas a los que deben hacer frente los familiares de desaparecidos de larga duración es aclarar la situación legal de la persona en cuestión. Así, el sistema jurídico español contempla la figura del «ausente» con el objetivo de adoptar las medidas destinadas a proteger los bienes y derechos del desaparecido.
De igual forma, el artículo 193 del Código Civil recoge los plazos para declarar a una persona desaparecida como fallecida, hecho fundamental a la hora de solicitar prestaciones sociales de viudedad, orfandad o indemnizaciones de posibles aseguradoras. A grandes rasgos la legislación establece que se le puede dar por muerto «transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente». En el caso de personas mayores de 75 años el plazo se reduce a la mitad (5 años) y cuando la desaparición haya tenido lugar en condiciones de peculiar riesgo apenas pasados dos años. Asimismo desde el año 2000 se incluyó una matización para desaparecidos en naufragios y siniestros aéreos, a quienes se considera muertos si no se encuentran sus restos en el plazo de tres meses.
La declaración de fallecimiento se realiza a instancias de los familiares, quienes en muchos casos prefieren no llevar a cabo este proceso judicial porque se aferran a la idea de que algún día volverán. Es el caso de la familia de Rafael Calatayud, según confiesa el hermano del desaparecido en septiembre de 1991. «Mi madre aún alberga que pueda volver y yo no le voy a quitar esa ilusión».
