16 de febrero de 2016
16.02.2016
Tribunales

El juez prorroga un mes el secreto del sumario en el caso de los donativos de 1.000 euros

La decisión puede retrasar el inicio de los trabajos de la Comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia

16.02.2016 | 02:39

El Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia ha prorrogado hasta el próximo 14 de marzo el secreto del sumario del caso Imelsa, una decisión que más allá de la puramente judicial, tiene fuertes repercusiones políticas, pues esa fecha era la que se habían marcado los concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia para dimir y era también el inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación que se va a crear en el consistorio.

En principio, la decisión de mantener el secreto del sumario un mes más tiene como objetivo ampliar las diligencias sobre el caso Imelsa, en el que se incluye, a falta de una decisión judicial que las separe, la causa de los 1.000 euros, que afecta al Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia. Una cincuentena de asesores y concejales están «investigados» por este motivo, incluidos 9 de los 10 ediles del grupo municipal.

Esa decisión, sin embargo, tiene otras consecuencias más allá de las judiciales. El levantamiento del secreto del sumario era la fecha clave para que el Partido Popular tomara decisiones contra los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Los nueve concejales del Grupo Popular presuntamente implicados en la trama de los 1.000 euros „el décimo, Eusebio Monzó, está fuera de la causa„ aseguran que su pacto con la Dirección Regional del PP era dimitir o ser expulsados en ese momento, no cuando acaben las declaraciones y se confirme su condición de «investigados», cosa que ocurrirá este mismo miércoles con la declaración de María Jesús Puchalt.

Parece que la dirección del partido tiene previsto resolver este asunto esta misma semana sin esperar al secreto del sumario, pero los ediles insisten en aquel pacto.

Comisión de investigación

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia aprobará el próximo jueves, 18 de febrero, una comisión de Investigación sobre este caso. Y su idea es empezar los trabajos cuando se levante el secreto del sumario y se conozcan las personas implicadas. Así pues, el retraso de esa medida supone también un retraso en el inicio de los trabajos de la comisión.

Ayer, precisamente, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, volvió a pedir que esos trabajos se inicien lo antes posible. Giner recordó que «en Madrid están trabajando y están saliendo cosas. Allí, Podemos lidera la comisión y aquí dicen de atrasarla. Esto es una contradicción», dijo el portavoz de Ciudadanos, que opina que se podría ir «preparando ya la composición de dicha comisión y empezar a ver los contratos».

En concreto, Giner citó los contratos de comunicación, los contratos fragmentados menores de 18.000 euros y sobre todo los de rehabilitación». Así mismo, quiere analizar si han fallado los controles municipales, porque «si no viene alguien y se chiva, no nos enteramos de nada». «Estos casos tienen que ser detectados a la primera por el sistema de la administración», opina.

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