El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto caso de blanqueo de capitales en el seno del PP de la ciudad de Valencia, mantiene la imputación para la totalidad de concejales, exconcejales, asesores y exasesores a los que ha citado a declarar.
A falta de la comparecencia de cuatro exediles y ocho asesores, que se producirán mañana, el viernes y el próximo lunes, el juez mantiene en condición de investigados a 49 personas por el supuesto blanqueo de 50.000 euros. Hoy han comparecido ante el juez dos exconcejales y una concejal, además de cuatro asesores, de los que dos se han negado a declarar.
El exconcejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Francisco Lledó ha reconocido hoy que realizó donaciones a su partido, "como todos", pero ha negado que les abonaran esas cantidades posteriormente. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras comparecer ante el juez del llamado 'caso Imelsa' que investida un presunto blanqueo de capitales en el PP en el consistorio y que ha abierto una pieza separada por este caso, que se originó a raíz de la 'Operación Taula'.
Además, Lledó ha señalado que es "decisión de sus compañeros" si dejan o no el acta de ediles en el consistorio ante su condición de imputados „investigados, según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal„ por presunto delito de blanqueo de capitales.
Además de Lledó, hoy ha comparecido ante el juez la concejala María Jesús Puchalt, el exconcejal Vicente Aleixandre y cuatro asesores de la formación. A la una de la tarde habían ya pasado por el juzgado seis de ellos, de los que cuatro habíann declarado y otros dos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.
La primera en aparecer por la Ciudad de la Justicia de Valencia ha sido Puchalt, que ha accedido a las dependencias judiciales alrededor de las 09.15 horas y se ha limitado a comentar: "Buenos días. Hace mucho frío". Una hora después, en torno a las 10.15 horas ha sido el turno de Aleixandre, que ha declarado "muchas gracias" y ha prometido que atendería a los medios más tarde: "Después, después", ha dicho.
El último en llegar a los juzgados ha sido Lledó, que no ha querido realizar declaraciones ante las preguntas de los medios de comunicación que se congregaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
Tras comparecer ante el juez que instruye la causa, el primero en abandonar los juzgados ha sido Aleixandre, que lo ha hecho por el juzgado de guardia y que ha manifestado: "No tengo nada que decir". Asimismo, preguntado por la situación de su partido, ha indicado: "Ya se apañarán".
Posteriormente ha sido el turno de los otros dos ediles investigados que comparecían este miércoles. Puchalt y Lledó han salido juntos por la puerta principal de los juzgados a las 11.55 horas y, cuando han observado la nube de periodistas, se han separado y se ha ido cada uno en una dirección distinta.
La regidora se ha negado repetidamente a hacer manifestaciones ante las preguntas de los informadores y ha dicho: "No hay declaraciones; gracias por estar aquí", pero Lledó sí ha señalado que ha contestado a "las preguntas del magistrado y el fiscal" y que ha ido "bien".
"Decisión de mis compañeros"
Preguntado por la situación económica del PP de Valencia, el concejal ha apuntado que no tiene "ni idea" y no sabe "nada", aunque ha confirmado que hizo donaciones al partido, "como todos", pero no le devolvieron el dinero. No ha añadido nada más al respecto porque, ha dicho, "hay secreto de sumario". Finalmente, ante la pregunta de si sus compañeros deben dejar sus actas en el consistorio valenciano, ha aseverado: "Eso es decisión de mis compañeros".
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el 'caso Imelsa', decidió este martes prorrogar un mes el secreto del sumario de la causa abierta por un supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana a cambio de comisiones ilegales.
Las diligencias, en las que se investiga a 80 personas „políticos del PP, asesores y empresarios„ por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.
Además, el magistrado instructor ha ordenado la intervención de inmuebles y vehículos, el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de productos bancarios de algunos de los investigados para su decomiso en caso de sentencia condenatoria firme.
