El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia acordó ayer la apertura de una pieza separada del caso Imelsa para investigar por blanqueo de capitales a los implicados en la trama de los 1.000 euros, que afecta a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia. Así mismo, confirmó la prórroga del secreto del sumario para todas las actuaciones y ordenó la intervención de inmuebles y vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias de algunos de los investigados. Se refiere, concretamente, a los implicados en el caso Imelsa, no a la trama desgajada de la causa principal.
En la pieza separada se analizará exclusivamente si hubo blanqueo de capitales en las donaciones de 1.000 euros realizadas por concejales y asesores del PP de Valencia para la última campaña electoral. El juez sospecha que los inculpados ingresaron 1.000 euros en la cuenta bancaria del Grupo Popular y luego ese dinero les fue devuelto en dos billetes de 500 euros procedentes presuntamente de comisiones ilegales.
Aunque la procedencia de ese dinero uniría esta trama con el caso Imelsa, el magistrado entiende que se pueden depurar responsabilidades de las personas implicadas en ambos asuntos y tratar separadamente a quienes sólo estén al tanto de la operación de los mil euros.
Ya en el momento de las detenciones hubo una diferenciación en este sentido, pues en la operación Taula fue detenida la secretaria del Grupo Popular, Carmen García Fuster; y citados como investigados el presidente del partido en Valencia, Alfonso Novo; la administrativa que colaboraba con García Fuster, María José Pi; y el asesor Luis Salom. Y luego, tres días después, fue cuando se citó como investigados a todos los concejales y asesores por las donaciones «fraudulentas».
Además, en los interrogatorios el juez se ha centrado exclusivamente en ese asunto, no en las comisiones ilegales, por lo que era previsible que decretara la separación de la pieza, como así ha ocurrido antes incluso de que terminen de declarar los concejales y asesores investigados. De hecho, para hoy está prevista la declaración de la última concejala en activo, María Jesus Puchalt, y otros dos exconcejales, Vicente Aleixandre y Francisco Lledó.
Decomisos en Imelsa
Por lo que respecta al caso Imelsa, la pieza matriz, el juez ha ordenando «la intervención de inmuebles y vehículos, así como el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de productos bancarios de algunos de los investigados».
Se trata de requisar a algunos de los implicados aquellos bienes y cuentas bancarias que provengan de sus acciones ilícitas para que, una vez haya sentencia firme, las devuelvan.
En esta decisión no están incluidos los concejales y asesores de la pieza separada, pues en ese caso hubo presuntamente blanqueo de dinero pero no beneficio personal.
En el caso Imelsa se investiga a una treintena de políticos y empresarios por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
