El tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados del caso Nóos ha pedido al exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia Jorge Vela, cuya declaración se ha reanudado hoy, "mayor sosiego y serenidad" y que rebaje el tono "hostil" con el que ayer comenzó su comparecencia.
La presidenta Samantha Romero ha realizado este apercibimiento a Vela nada más reanudarse su interrogatorio. Después de que este martes fuese inquirido por la Fiscalía Anticorrupción y se negase a responder a las preguntas de las acusaciones valencianas, este miércoles han tomado la palabra las defensas para interpelarle.
Al inicio de su declaración, Vela, para quien la Fiscalía reclama ocho años de cárcel y Manos Limpias, 11, defiende que no se llevase a cabo expediente administrativo para la organización del denominado Valencia Summit debido a que se trataba de un contrato de patrocinio con el que no se encargaba ningún tipo de servicio al Instituto Nóos, que percibió hasta 3,6 millones de euros públicos por las tres ediciones del evento.
En su comparecencia en el juicio del caso Nóos, que arrancó este martes pasadas las 17.45 horas, aseveró que había un interés público en esta contratación que pasaba por "promocionar la ciudad de Valencia y apoyar un evento que servía a los fines públicos de Cacsa, no del Instituto Nóos".
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Durante su comparecencia de hoy, Jorge Vela ha defendido la legalidad de los convenios de colaboración por 3,1 millones de euros con el Instituto Nóos, que tuvieron el aval de auditorías externas y "la fiscalización del síndic de comptes".
"Cacsa tenía auditoría a través de la Intervención de la Comunitat Valenciana (que realizaban firmas internacionales) y se sometía a la fiscalización del síndic de comptes", que sólo apreció problemas "formales" en el empleo de la fórmula del "patrocinio" en los Valencia Summit.
El exdirector general de Cacsa ha dicho también que el acuerdo con Nóos "era un convenio más" de los muchos que realizó la entidad y no tenía que someterse a la ley de contratos públicos. Cacsa, ha señalado, estaba eximida de cumplir las reglas de contratación pública en el "patrocinio" de esos foros porque "es de la administración pero no es administración" y se rige a efectos contractuales por la normativa del Derecho Privado.
El acusado, que se enfrenta a peticiones de pena de entre 6 y 11 años de prisión por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ha respondido hoy sólo a las preguntas de los abogados defensores de los otros acusados de la "rama valenciana" del caso Nóos y se ha negado a contestar a la acusación particular ejercida por la Abogacía de la Generalitat Valenciana.
En las dos horas durante las que ha declarado esta mañana, sin tener que responder a ninguna pregunta incriminatoria, Vela ha hecho hincapié en que en "desde el minuto uno" de su incorporación a Cacsa (2005, en sustitución del también acusado José Manuel Aguilar) se le transmitió que la entidad, de titularidad pública, no tenía que atender los principios de concurrencia y publicidad propios de la contratación por parte de las administraciones.
"¿Qué elementos negativos tenía para no firmar?": las adendas por las que se prorrogó en 2005 y 2006 el convenio de colaboración firmado en 2004 con la asociación sin ánimo de lucro impulsada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres. "Lo contrario hubiera sido lo que no había que hacer", ha apostillado.
Vela ha reiterado que la continuidad de unos foros que estaban englobados en las acciones promocionales de la Copa del América que se celebró en 2007 fue una decisión del Consejo de Administración de Cacsa, que él compartía y que se realizó sin informes jurídicos ni económicos específicos porque no eran necesarios.
Tras su declaración, está prevista la comparecencia como acusada de la exdirectora de gestión de Cacsa, Elisa Maldonado, para quien las acusaciones piden penas de 8 a 11 años por los mismos presuntos delitos que su superior.
