El caso Imelsa también salpica por la izquierda. Lo avanzó este diario el pasado 24 de enero cuando anticipó la Operación Taula, que se ejecutó cuarenta y ocho horas después. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no había restringido sus pesquisas a los integrantes del anterior gobierno provincial que comandaba Alfonso Rus. Ni muchísimo menos. El foco comprendía a los exportavoces de la oposición, a miembros del consejo de administración de la empresa pública Imelsa y a alcaldes de izquierdas, entre otros aspectos por presuntos enchufes de personal en la empresa pública provincial. Aunque no solamente por eso.

Ayer, se consumaron los temores en el PSPV, Compromís y Esquerra Unida y la Guardia Civil citó a declarar a tres vicepresidentes del actual equipo del gobierno provincial, que preside Jorge Rodríguez: el vicepresidente segundo, responsable de Hacienda y alcalde de Faura, Toni Gaspar (PSPV); el vicepresidente tercero, Emili Altur (Compromís) y la vicepresidenta cuarta, Rosa Pérez (Esquerra Unida). Esta última fue quien entregó en julio de 2014 las diez horas de grabaciones realizadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent. Tras la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, que en abril de 2015 dio el salto al juzgado de Instrucción, y después de todos los acontecimientos que se han desarrollado tras la Operación Taula, Rosa Pérez ha anunciado recientemente su intención de personarse en la causa.

La UCO ha citado también a declarar al exportavoz provincial socialista y número tres del PSPV, José Manuel Orengo, quien precisamente esta semana ha dejado su puesto de jefe de gabinete del presidente provincial Jorge Rodríguez en su decisión de retirarse de la primera línea política. Aunque antes de abandonar totalmente ha recalado en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Fuentes conocedoras de la investigación indicaron a este diario que la implicación de Orengo tendría escaso recorrido judicial y tiene que ver con alguna recomendación para que alguien del partido fuera contratado en la empresa Imelsa.

El exdiputado provincial y alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos, y el dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y de Compromís, Emili Mira, son otros de los llamados a testificar como investigados, así como sindicalistas de UGT en las brigadas forestales, como Honori Estornell, y de Comisiones Obreras (CC OO).

Emili Mira, exalcalde de Otos, está siendo investigado por su relación con la empresa setabense Inelcom, a la que Alfonso Rus adjudicó el macrocontrato de 30 millones para la instalación de bombillas led en los municipios.

Asuntos internos naufraga

Se da la circunstancia de que varios de los imputados ahora por la Guardia Civil, además de formar parte del consejo de administración de Imelsa conformaron también la comisión de investigación que se creó nada más estallar el escándalo. Con Alfonso Rus apartado en Xàtiva mientras arreciaban las informaciones sobre la presunta corrupción, todos los partidos presentes formaron aquel órgano especial de asuntos internos. Emili Altur fue nombrado presidente de la comisión, de la que formaba parte el presidente provincial provisional, Juan José Medina (PP). La implicación de Emili Altur estaría relacionada con adjudicaciones de contratos de obra civil, sector en el que el concejal de Burjassot ha estado vinculado laboralmente.