Empleados, exdirectivos y consejeros de administración, incluidos algunos del PSPV, Compromís y Esquerra Unida, pasarán la próxima semana por el cuartel de la Guardia Civil de Patraix para declarar, en la condición de investigados „con asistencia letrada„, sobre los enchufados de la empresa pública Imelsa y los zombis, aquellos que no acudían a trabajar. Se está investigando la comisión de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Según la información de la que dispone Levante-EMV ha sido también citada la presidenta del comité de empresa, Ruth López, del sindicato CSI·F, hegemónico en la empresa pública provincial. También la exjefa de personal en la etapa en la que Marcos Benavent estuvo de gerente, María Escrihuela.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llamando a personal de la diputación y de la sociedad pública que gestiona por encomienda las brigadas forestales para dilucidar el destino y el cometido concreto de cada uno de los 770 empleados de la empresa, así como el proceso de selección que superaron para incorporarse a su puesto. Como contó ayer este diario, el 90% de los trabajadores de Impulso Económico Local fue contratado sin más pruebas que estar ungido por algún dedo con capacidad para otorgar una nómina a cuenta de la empresa pública. Fuentes próximas a la investigación señalaron que la declaración de Escrihuela es clave para dilucidar las contrataciones sobre las que Marcos Benavent alertó en sus comparecencias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Escrihuela ha sido la responsable de recursos humanos desde la llegada de Benavent a la empresa. Nada más recalar en Imelsa de la mano de Alfonso Rus, el exgerente acometió el relevo del hasta entonces jefe de personal para situar a Escrihuela y del director financiero, cargo en el que situó a Jose Enrique Montblanch, investigado en relación con la trama de facturas falsas descubierta por Hacienda y que alcanza los 1,2 millones de euros.
Ruth López y María Escrihuela negociaron, asimismo, el convenio laboral por cinco años, firmado con urgencias apenas tres semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, sin pasar por el consejo de administración ni contar con el informe del interventor. Un convenio que blindó al personal hasta el punto de que prevé que en caso de despido disciplinario se indemnice como si el afectado fuera delegado sindical.
Pieza separada de personal
Tanto la presidenta del comité como la exjefa de recursos humanos „despedida por los nuevos gestores de la empresa tras las elecciones„serán preguntadas también por los asesores del consejo de administración de la sociedad pública. Estaban adscritos a Imelsa si bien desempeñaban su labor en la diputación. Se investiga si incluso estaban trabajando para el partido de turno pese a tener la nómina en Imelsa. El último gerente de la etapa del PP, Rafael Soler, reclamó a los portavoces una declaración firmada de que los asesores desempañaban su trabajo en la diputación y que respondían por ellos.
Agentes de la UCO se llevaron en una de sus entradas y registros en Imelsa una relación completa de todos los empleados de la empresa. Con ese listado en mano, se está preguntando a los citados a declarar „de momento han pasado dos trabajadores en calidad de testigos„ por el destino de cada uno de los que figuran en la relación de puestos de trabajo.
