El nombre de Imelsa se ha asociado a la corrupción por obra y gracia de Marcos Benavent y de Alfonso Rus. El saqueo de la empresa a partir de un entramado de firmas controladas por Benavent, el amaño de adjudicaciones y la compra de funcionarios, técnicos externos y políticos para facilitar las mordidas (caso de los arquitectos del plan del césped) conforman el negro panorama judicial de la empresa. Hay otros. La UCO de la Guardia Civil está investigando una presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con los enchufados y zombis „cobraban si ir a trabajar„ incluidos aquellos asesores que ejercían en los partidos políticos. La situación presuntamente ilegal de una parte de la plantilla no es nueva. La novedad reside en la sobrevenida capacidad de ruborizarse de los partidos y en el esfuerzo investigador de la Justicia.
En enero de 2005 „hace casi 11 años„ este diario informó de la situación absolutamente irregular en la que se encontraban exactamente 54 colocados por los partidos y buena parte de los sindicatos. No todos. El dirigente de STA-Intersindical Valenciana Enrique Rodríguez presentó una denuncia por malversación de fondos y delito contable. En esencia se ponía de relieve que recursos que debían destinarse a las brigadas forestales y a los fines de la empresa, se estaban detrayendo para pagar nóminas de quienes estaban en otros destinos.
La Fiscalía del TSJ valenciano decidió el archivo en julio. El entonces fiscal jefe, Ricard Cabedo, firmó el carpetazo al escándalo «por no estimarse los hechos denunciados constitutivos de infracción penal». La fiscal María Teresa Lorente llevó las diligencias previas. «No existen indicios de que personal cuyo salario se paga con fondos de la compañía Imelsa no esté prestando sus servicios para la misma, pues se ha aportado certificación de la Secretaría General de la diputación en la que se acredita que todos los trabajadores a que hizo referencia la denuncia están contratados por la compañía Imelsa, mediante informe en el que se detalla su categoría y su puesto de trabajo», argumentó la fiscal.
Efectivamente, todos cobraban de Imelsa. El problema es que no trabajaban en Imelsa. Ni el entonces presidente de la diputación, Fernando Giner, ni el diputado de empresas públicas, Enrique Esteve, ni el gerente de la empresa, Rafael Soler, decidieron regularizar la situación anómala. Tampoco los sindicatos UGT, CSI·F y CC OO. La empresa expedientó incluso al sindicato denunciante de las anomalías y el enchufismo.
La relación de trabajadores en situación irregular comprendía una docena de alcaldes y concejales del PP, asesores políticos de todos los partidos con representación provincial en aquellos momentos (PP, PSPV, EU y UV), paisanos de Vallada „el pueblo del presidente provincial Giner„, amigos y familiares de políticos destacados como el expresidente Eduardo Zaplana. Un sobrino de éste, Hugo Valverde Zaplana, fue enchufado por su tío, tenía su destino como «coordinador» de la Institució Alfons el Magnànim. Entró el 4 de julio de 2003. La nómina del hijo de Rosa Zaplana y Justo Valverde „colocado en Terra Mítica como jefe de compras y que pagó facturas falsas„ superaba los 3.000 euros al mes, unos 44.000 anuales. Hace trece años. Más de lo que cobraba entonces un director general de la Generalitat. El exconcejal Vicente Aleixandre también tenía familiares colocados en la empresa pública.
La mayoría de los zombis y desplazados „casi todos enchufados„ de aquella relación tenían su puesto real en los servicios generales de la diputación. Entre ellos asesores de los cuatro grupos representados. Pero no todos. Trece cobraban de Imelsa pero trabajaban para el MuVim. También figuraba una empleada de la UNED, otra en la Delegación del Gobierno y sendas en los ayuntamientos de l'Eliana y La Puebla de San Miguel.
