En política y en la vida puede saltar la sorpresa detrás de cualquier esquina. No es frecuente. Hay un orden natural, pero va por barrios. En la diputación, por ejemplo, lo natural estos años ha sido el triple salto mortal con tirabuzón invertido. Esto es, el consenso. Mientras en otros distritos primaba la crispación y la música de percusión, en el Palau de la Batlia la banda sonora siempre ha sido de flauta dulce con ovejitas pastando. Con alguna excepción de heavy metal. Por allí se llegó a ver hace años una manifestación de alcaldes socialistas para reivindicar la cuota de inversión para sus municipios proporcional a los resultados electorales. Las inversiones, como las colocaciones en Imelsa, han ido siempre por cuotas. El PP enchufó a docenas y la izquierda aceptó migajas. Y cuando en 2005 se publicó aquí el escándalo de los 54 irregulares de Imelsa, todos lucieron consenso institucional. Fernando Giner, Rafael Soler, Enrique Esteve, populares, socialistas, Esquerra Unida, Unión Valenciana, UGT, CSI·F y CC OO exhibieron «omertà», presiones y alguna querella contra el sindicalista que presentó la denuncia. Al que se acusó, lo mismo que a este periodista, de haber vulnerado la ley de protección de datos. Una iniciativa legal que no prosperó.
Mientras el gobierno provincial del Partido Popular se dedicó a atacar y expedientar la izquierda calló. Nadie aprovechó el envite para regularizar una situación laboral anómala „la de quienes cobran de Imelsa y trabajan en la diputación o sus organismos„ o para despedir a los enchufados.
La vida en la diputación siguió su curso con cadencia pastoril como un manso riachuelo mientras el pesebre de Imelsa siguió aportando fibra a los aparatos de los partidos. Once años después, la UCO de la Guardia Civil investiga los enchufes, el destino de los asesores de los consejeros „Rosa Pérez (EU) aclaró ayer que el único adscrito a ella ejercía sus funciones„ y los zombis.
La investigación en marcha, que ha motivado la citación con asistencia letrada „como investigados„ de diputados y exdiputados de la izquierda no tendrá, salvo sorpresa, gran recorrido judicial. En un asunto bajo secreto de sumario, la decisión crucial que deberán tomar los citados es si se avienen a contestar las preguntas o si ejercen su derecho de guardar silencio. La prudencia y la estrategia procesal quizás aconseje lo primero; la política dicta lo segundo. La visita al cuartel de la Guardia Civil de Patraix supone un segundo escarmiento que quizás sirva para poner totalmente en orden la plantilla de Imelsa. O puede que no.
