La Guardia Civil señala al expresidente del Consell Francisco Camps como el "recaudador" de la trama de comisiones ilegales del PP en la Comunitat Valenciana y "nexo" con la "caja B" del partido en Génova, según la información hecha pública hoy por la Cadena Ser citando fuentes de la investigación del caso Imelsa.

Camps sería el "recaudador" de las "cinco cajas B" que el PP tenía en la Comunitat Valenciana, donde, siempre según estas fuentes, recibía el "dinero negro" procedente de "mordidas de empresarios que, después, resultaban adjudicatarios de concursos públicos amañados en distintas consellerias durante el período comprendido entre 2003 y 2011".

En Valencia había "tres cajas B", mientras que las otras dos se localizaban en Alicante y Castelló. En esta última provincia, el "recaudador" sería el expresidente de la diputación, Carlos Fabra, hoy en prisión. En Alicante aún no se ha podido determinar la identidad de la persona que se encargaba de gestionar ese supuesto dinero negro.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, por su parte, ha negado de forma "categórica" y "rotunda" estas acusaciones, que tilda de "absurdas". Según el expresidente del PPCV, "nunca" ha "recaudado" ni "organizado nada ilegal".

Esas acusaciones, ha dicho hoy, son "falsas en su totalidad" y "punto por punto" porque "ningún empresario" le ha "dado dinero en la vida", ni él ha llevado "dinero negro a Madrid". Es "una enorme falsedad".

Además, Camps ha asegurado que no solo él no ha ejercido ese papel de recaudador, sino que está convencido de que "no ha existido" esa supuesta trama en las consellerias de la Generalitat durante el periodo en que fue presidente.

Por eso, ha anunciado que ya ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia negando los hechos y exigiendo la persecución penal por la filtración del sumario de la Operación Taula, que sigue bajo secreto.

Sin embargo, según las fuentes de la investigación citadas por la cadena radiofónica, las "cajas B" que gestionaba Camps, con carácter transversal y de las que al parecer hay constancia por el testimonio de varios testigos y las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent, servían para nutrir de dinero negro al partido nacional, así como a PP de la Comunitat Valenciana y a las agrupaciones provinciales.

De hecho, en las grabaciones se evidencian peticiones de dinero por parte de líderes del PP regional y provincial para sufragar actividades del partido en ambos niveles.

Por esto, los investigadores de la UCO de la Guardia Civil consideran que el PPCV era una "organización criminal" y que su expresidente, Francisco Camps, era el responsable de recaudar esas mordidas y el encargado de aportar ese dinero a la caja "B" del PP valenciano y nacional.