El conseller de Hacienda, Vicent Soler, tiene previsto explorar una nueva vía para que la Comunitat Valenciana logre ser compensada por la infrafinanciación histórica. Soler, que ayer dio una conferencia en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, avanzó que si prospera el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la ley de presupuestos del Estado, la Generalitat pedirá la devolución de los más de 6.500 millones de euros que desde el año 2009 ha ido aportando al Estado en concepto de fondo de suficiciencia. El recurso planteado al Constitucional, que ha sido admitido a trámite, plantea que se anule la aportación de 1.300 millones de euros que la Comunitat Valenciana tiene que aportar a las arcas estatales en 2016. El conseller estimó ayer que si esta petición sale adelante, supondrá un espaldarazo para que «al menos políticamente» pueda reclamarse el resto de aportaciones.

Soler consideró «aberrante» que esta comunidad infrafinanciada y con cifras de gasto por habitante inferiores a la media tenga que pagar este fondo, que rebautizó como de «insuficiencia». En el periodo 2009-2016, la Comunitat se ha dejado 5.518 millones de euros. Es, con diferencia, la comunidad que más ha contribuido a este fondo cuyo objetivo es garantizar la suficiencia de las comunidades para cubrir los servicios públicos. En la práctica, opera de manera tramposa, según denunció Soler, ya garantiza el status quo de un sistema de financiación que asigna a Valencia unos gastos inferiores a los reales. El resultado es que la Comunitat, pese a estar infrafinanciada, ha perdido los citados 6.500 millones por este mecanismo.

Esta vía de reclamación se suma a los tres escenarios que Soler describió ayer para afrontar 2016, un ejercicio presupuestario que se ha «cuadrado» incluyendo una partida de 1.300 millones de euros en concepto de un inexistente nuevo modelo de financiación.

Ante un auditorio repleto de cargos públicos y agentes económicos y sociales, Soler habló de tres vías de solución. La primera, y la preferida por el Ejecutivo, es que el nuevo gobierno progresista apruebe este mismo año un nuevo modelo de financiación que corrija y compense el maltrato financiero sufrido. La segunda vía es que se apruebe un pack extraodinario de recursos para las comunidades infrafinanciadas. El tercer escenario, el menos deseado, es recibir un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para cubrir el déficit de 1.300 millones.

Sobre el FLA, Soler denunció el «escándalo» de un mecanismo de financiación «graciable» y que el ministerio de Hacienda controla a su antojo. Sobre este asunto, el conseller celebró la alianza sellada el domingo entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, para reclamar la condonación de parte de este rescate. La cifra asciende a 10.000 millones en el caso valenciano, lo que representa el 60% de la deuda histórica que reclama el Consell; 16.000 millones de euros. El conseller mantuvo que el Ejecutivo peleará «lo que no está escrito» para reclamar esta deuda que entiende los valencianos no deben de pagar. «No nos corresponde hacerlo», indicó.

Desde el Ejecutivo valenciano se considera estratégico el acuerdo entre Puig y Díaz, ya que es Andalucía es una aliada de peso de cara a la negociación del cambio del modelo de financianciación, sobre todo, si finalmente se constituye un gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El conseller se mostró convencido de que, ocurra lo que ocurra, en Madrid, el cambio de modelo de financiación «es insoslayable», incluso en el caso de que hubiera «una cierta continuidad de los que están actualmente gobernando», algo, que consideró «improbable». Y animó a los empresarios a que reclamen de manera «estruendosa y fuerte» un nuevo sistema, imprescidible, arguyó, para cambiar el modelo productivo.