24 de febrero de 2016
24.02.2016
Caso Imelsa

Altur presenta a la Guardia Civil los contratos de asesores en Imelsa

El vicepresidente de la Diputación cree que las dudas sobre la supuesta contratación encubierta han quedado "absolutamente resueltas" con su declaración

24.02.2016 | 13:06
Altur, a su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís), cree que las posibles dudas sobre la supuesta contratación encubierta de asesores políticos en Imelsa han quedado "absolutamente resueltas" tras su declaración hoy ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Altur había sido citado hoy en la Comandancia de Valencia para prestar declaración en calidad de investigado por la supuesta contratación, por parte de la empresa pública Imelsa, de personal que realmente trabajó para los grupos políticos.

Tras declarar durante alrededor de una hora, el diputado provincial de Compromís ha explicado a los periodistas que los agentes le han preguntado "de todo un poco", aunque especialmente sobre el asunto de los asesores.

No ha sido objeto del interrogatorio, según ha explicado, el posible amaño de contratos en el seno de la Diputación, que dio origen a las primeras pesquisas del conocido como caso Imelsa.

La citación de varios de los diputados y asesores que la pasada legislatura estuvieron en la oposición como investigados trata de dilucidar si el personal supuestamente contratado de forma irregular trabajó para Imelsa o para los partidos políticos, lo cual podría ser constitutivo de un delito de malversación.

En opinión de Altur, con su declaración han quedado "absolutamente resueltas" las posibles dudas sobre la legalidad de esos contratos
"Hemos aportado contratos de trabajo y correos electrónicos que acreditan que esas personas están trabajando, en este caso conmigo", ha agregado.

Al igual que sucedió ayer tras las declaraciones de la vicepresidenta cuarta de la Diputación y denunciante del caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (EU), o el exvicepresidente José Manuel Orengo (PSPV), Emili Altur tampoco ha sido remitido al juez para que declare.

"Me han hecho preguntas bastante normales y tranquilizadoras, porque no hay nada que ocultar, los agentes querían comprender determinados mecanismos de la empresa pública y la Diputación", ha agregado Altur, quien ha afirmado que abandonaba el cuartel "en la misma calidad en la que he entrado, en ninguna, porque simplemente querían cotejar información".

Ha reconocido que su citación como investigado le sorprendió: "tanto Rosa Pérez, que fue la denunciante, como yo, presidente de la comisión de investigación (de Imelsa) nos quedamos perplejos, pero ahora estoy tremendamente tranquilo y cómodo".

La impresión de Altur tras declarar coincide con la expresada ayer por la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y denunciante del conocido como caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (de Esquerra Unida), quien consideró que tras su entrevista con los agentes de la UCO "no hay duda alguna" respecto a su actuación como consejera de Imelsa.

Preguntada si creía que con su declaración se despejaron las posibles dudas sobre la contratación de los asesores, respondió: "Respecto a mi actuación, no hay duda alguna".

En este mismo sentido se pronunció el exvicepresidente socialista de la corporación provincial José Manuel Orengo, quien afirmó tener la "completa seguridad de que -este proceso- acabará bien para mí y el conjunto de miembros de la oposición".

Durante el anterior mandato de la Diputación, los miembros del consejo de administración de Imelsa, del que formaban parte Pérez Garijo y Altur, entre otros, habrían firmado un documento certificando que los asesores cuyo contrato se había cuestionado trabajaban para ellos, unos certificados que la UCO solicitó a la Diputación y que obran en poder de los investigadores.

De esta forma, las gestiones de la Guardia Civil habrían dado un paso más al investigar la contratación encubierta de personal en Imelsa, además de supuestas comisiones ilegales en contratos de la Diputación y el Ayuntamiento y el posible blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de Valencia.

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