El cuartel de la Guardia Civil de Patraix recibió ayer la visita de diputados y exdiputados provinciales de izquierda en el marco de la investigación sobre los enchufados y zombis de Imelsa y el destino exacto que ocupaban los asesores del consejo de administración de la empresa pública provincial.
Tanto la vicepresidenta Rosa Pérez (EU), que fue quien llevó las grabaciones de Marcos Benavent a la Fiscalía, como el exportavoz provincial socialista salieron satisfechos de su declaración. Los agentes de la UCO pidieron total silencio sobre lo declarado para no entorpecer la investigación porque, además, quedan varios por desfilar para hablar de los asesores. La diputada Rosa Pérez aseguró que no existía «duda alguna» sobre su persona y aseguró que había presentado documentación. Pérez estuvo casi tres horas declarando. Antes de entrar al cuartel, estuvo acompañada por la coordinadora de EU, Marga Sanz.
Subrayó que al concluir la declaración no le habían entregado citación para comparecer ante el juez que instruye la causa y aseguró que «como mucho» acudirá al juez para ratificarse en sus declaraciones.
Pérez defendió que «como no tengo nada que esconder podría haber venido sin abogado perfectamente». La diputada provincial también destacó que considera «indignante» esta situación porque se había ofrecido «varias veces a la UCO para reunirse con sus agentes y darles documentación» sobre Imelsa. A Pérez le parece «sorprendente» que citen a «personas que estaban en la oposición y no tenían capacidad de gestión en Imelsa». La explicación suya es que «quieren ampliar determinadas cosas» y los citan como investigados para «protegerles» aunque «como testigo hubiera dicho exactamente lo mismo«.
El exportavoz provincial del PSPV José Manuel Orengo aseguró tras declarar que «en ningún momento me he sentido acusado ni apurado». Preguntado por el estatus con el que salía dijo que lo hacía «en calidad de persona contenta de haber colaborado con la Guardia Civil». «Si llaman a alguien como testigo y luego le imputan, esa declaración sería nula y la Guardia Civil tiene que hacer su trabajo», ha resumido. Dijo haber respondido a todas las preguntas que los agentes le habían hecho «sobre el funcionamiento de la diputación y cómo ocurrían las cosas». Ahora queda, dijo, «a la espera de las conclusiones para ver si lo elevan o no al juzgado». El exdiputado Raúl Pardos también prestó ayer declaración.
