El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto hoy juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP y del Consell como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómica y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.
Se trata de una de las cinco piezas de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana que fueron remitidas a la Audiencia Nacional al perder los cargos implicados su aforamiento y entre los 20 acusados figuran también los responsables de empresas de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "el Bigotes".
La investigación de todos estos años permite concluir, según de la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del partido popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente, en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B Orange Market y la del grupo)".
El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Corts Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.
El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros.
Las peticiones de la Fiscalía
a Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico Vicente Rambla; el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra; y su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez. Para la entonces gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, solicita seis meses de prisión y 650 euros de multa.
Además, se sentarán en el banquillo de los acusados los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna -de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras-; Enrique Gimeno -por Facsa-; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--; y José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras.
El juez, que ha abierto juicio oral en las piezas separadas 1,2 y 6 de la rama valenciana del caso 'Gürtel', sostiene que Correa dirigía un holding empresarial que organizaba eventos para los 'populares', que tenía sociedades vinculadas como Down Town Consulting (DTC) y su sucesora, Easy Concept; Booomerangdrive; Tecnology Consulting Management; Rialgreen/Trece; Good and Better; Diseño Asimétrico; Servimadrid; y Orange Market.
Crespo y Luis de Miguel Pérez constituyeron esta última mercantil en 2003 en Valencia por las "buenas perspectivas de negocio" que tenían dadas las "buenas relaciones" que ambos junto con Correa y el contable Cándido Herrero tenían con los "responsables políticos" del PPCV. Sus actividades comenzaron en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio.
En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).
Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".
El dinero B lo llamaban 'Barcelona'
En algunas conversaciones y documentos el dinero oficial era denominado Alicante, y el dinero en B se llamaba Barcelona y engrosaría la 'caja B' de Orange Market y el grupo. La empresa hacía declaraciones "mendaces" ante la Hacienda Pública. Parte de esos gastos e ingresos de naturaleza electoral no eran incluidos en las cuentas entregadas al Tribunal de Cuentas.
Al mismo tiempo, se producían unos ingresos indirectos en la formación política mediante la disminución del "débito" que mantenía la formación con Orange Market a través de pagos que "diversas sociedades realizaban a dicha empresa y que se instrumentalizaban mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios".
El juez recuerda que los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima de gasto electoral admitida legalmente en el desarrollo de las campañas y que abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos empresariales que lo tenían prohibido por tener contratos con la Administración Pública, por lo que "no podían hacer donaciones al PP".
Tanto en las elecciones de 2007 como en las 2008, los acusados integrados en el PPCV "contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". En ambos casos, los pagos no quedaron reflejados en la facturación ni en la contabilidad.
