26 de febrero de 2016
26.02.2016

El Consell anuncia que los malos gestores responderán con su patrimonio personal

La Abogacía estudia «caso a caso» las decisiones adoptadas por las empresas públicas en los años del PP

26.02.2016 | 04:15
El Consell anuncia que los malos gestores responderán con su patrimonio personal

El Consell no sólo prepara una operación de limpieza en las plantillas de las empresas públicas que se agrandaron hasta el paroxismo durante los años de gestión popular. También tratará de recuperar el «dinero robado» e intentará que vuelva a las arcas públicas el que ha sido pésimamente gestionado, según anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Para ello, la Abogacía de la Generalitat va a estudiar caso a caso las decisiones adoptadas por los responsables de empresas como Ciegsa, Cacsa o Vaersa, según citó Puig, y en su caso emprender acciones legales contra los representantes de aquellos consejos de administración para que respondan con su patrimonio personal. Unas acciones de responsabilidad que contempla la ley.

Puig aseguró que es necesario empezar un tiempo nuevo para el sector público con el desarrollo de una nueva ley, como ayer adelantó Levante-EMV, y anunció que publicará en el mes de junio la relación de puestos de trabajo del sector público empresarial que sigue oculta un lustro después de la reforma de la ley del sector.

El Consell considera que uno de los grandes agujeros negros de la etapa del PP ha sido precisamente el de las empresas públicas y las fundaciones. Puig, en respuesta a una pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, durante la sesión de control en las Corts aseguró que el sector público se constituyó como una auténtica Administración paralela con los gobiernos populares, «una Administración en B», remarcó. El sector llegó a disponer de 6.000 trabajadores, frente a unas 15.000 funcionarios de que dispone la Generalitat, con la diferencia que los del sector público entraban directamente y sin seguir los principios de igualdad, mérito y capacidad. Puig asegura que en los años de «máximo delirio y despilfarro inmenso», el sector público se convirtió en mastodóntico pasando de 22 entes a 71 en una década y media, multiplicó el presupuesto por cinco hasta llegar a los 2.700 millones mientras el de personal alcanzó los 300 millones de euros. Además, Puig aseguró que el anterior Gobierno del PP abandonó el Consell sin cumplir el mandato de publicar las plantillas de todas las empresas y fundaciones, pese a que debía haberlo hecho antes de diciembre de 2012. Sin embargo, realizó «tres modificaciones legales» para evitarlo, recordó.

Por su parte, Montiel pidió que la publicación de la relación de puestos de trabajo y plantillas se realice «con transparencia» y, dado que existe la sensación de que «hay más jefes que indios», ha reclamado que «se aclare el sistema de acceso a esos puestos existentes, quiénes los ocupan y cuáles son sus retribuciones», al tiempo que se ha preguntado «qué ocultaba» el PP al retrasar esta lista.

«Hay trabajadores honestos»

Mientras, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, señaló que al Consell le preocupan los profesionales con experiencia y honestos que han trabajado en estas empresas y que por ello busca los procedimientos legales y las vías para perjudicarles lo menos posible.

Además, durante la sesión de control, el presidente de la Generalitat anunció que aceptará la invitación de la Cámara de Comercio de Barcelona para ir «a defender la unidad de España desde la pluralidad y la Constitución y no desde el maniqueísmo y la confrontación» que es lo que, en su opinión, busca el PP. Lo hizo en respuesta a una pregunta de Isabel Bonig, sobre «el derecho a decidir de los territorios». Bonig volvió a pedir a Puig que dé un paso adelante y rompa con formaciones como Compromís y Podemos que «quieren romper España y la Comunitat».

Puig respondió que el Estatuto de Autonomía y la Constitución recogen que cualquier cuestión sobre un cambio en la relación con España deben ser aprobadas en un referéndum y ha considerado que «no pasa nada» porque los ciudadanos «tienen derecho a decidir».

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