Empezó con detenciones, registros y la puntilla a Alfonso Rus y, un mes después, la Operación Taula se ha llevado por delante algo más que un entramado de comisiones ilegales de ámbito provincial: al PP de Valencia y el rol de Rita Barberá como activo intocable en su partido tras casi 9.000 días de poder.
Hoy, 31 días después del terremoto que supuso la detención de Rus y la investigación (imputación) de nueve de los diez concejales del PP en Valencia, el caso Imelsa despliega un abanico de variantes judiciales, policiales, políticas y mediáticas que ha terminado por llevar al partido a una caída imparable hacia sus propios infiernos.
Este mes ha tenido confesiones tras arrepentimientos, un sinfín de comparecencias ante la Guardia Civil y jueces, comunicados exculpatorios, maratonianas ruedas de prensa, reuniones urgentes para decretar ceses y nombrar una gestora local, revelaciones del sumario declarado secreto y venganzas entre antiguos colegas de lo que fue, en su día, una época de éxito que parecía no tener fin.
También deja el cerco informativo al domicilio de Barberá, el enfrentamiento de ésta con la actual dirección autonómica del partido e incluso acusaciones de deslealtad por la filtración de un SMS "trampa" en el que la exalcaldesa reclamaba la "fidelidad debida" (hay quien dice que se refería a la presidenta regional del PP, Isabel Bonig).
Todo esto mientras otro histórico, el expresidente Francisco Camps, convocaba a los medios para negar cualquier relación con el caso Imelsa y, de paso, dejaba caer una posible vuelta a la política.
El caso Imelsa fue destapado en el verano de 2014 por Esquerra Unida en la Diputación y hasta ahora sólo había traspasado las fronteras valencianas por el mediático arrepentimiento judicial del exgerente de esa empresa pública provincial Marcos Benavent -quien se definió como "un yonqui del dinero"- y la publicación de grabaciones relacionadas con supuestas comisiones ilegales.
Finalmente ha explotado en la capital valenciana, obligando al juez a abrir una causa aparte por posible blanqueo, y ha salpicado de lleno a quien fuera su líder durante veinticuatro años, Rita Barberá.
El legado de los 8.742 días transcurridos entre su toma de posesión como regidora -que mutó en "alcaldesa de España" para orgullo de sus hasta hace muy poco incondicionales seguidores dentro del PP- y su renuncia al acta de concejal tras perder la alcaldía, parece haberse evaporado y muy pocos lo reivindican ya.
La investigación abierta a todo el grupo municipal popular -a excepción de un edil independiente-, así como a personal de confianza de Barberá durante años -como la secretaria del grupo, Carmen García-Fuster-, por supuesto blanqueo de capitales a raíz de donaciones al partido que habrían sido devueltas en efectivo ha situado el nombre de la ahora senadora en primera línea.
Un mes para no olvidar
El mes más aciago para el PP valenciano comenzaba el 26 de enero, cuando la Policía Judicial detenía a Alfonso Rus, quien fue durante los últimos años el hombre fuerte del PP en la provincia.
Un mes más tarde, Rus está en libertad provisional con cargos y una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros (bastante más que los "dos millons de peles" en comisiones ilegales que se escuchaban contar en una grabación en un coche y que en un principio se le atribuyeron a él).
Junto a Rus, aquel día fueron detenidas otras veintitrés personas, entre cargos y excargos del PP y empresarios. Todas quedaron libres con cargos por delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El número de investigados crece desde entonces. Aparte de casi todo el grupo municipal popular de Valencia -incluidos asesores tan mediáticos y polémicos como Luis Salom, encargado de las redes sociales del partido-, cargos y asesores del PSPV, Compromís y EU en la Diputación han tenido que declarar también ante la Guardia Civil.
Este mes ha hecho también aflorar rencillas y hasta brechas irreparables entre antiguos compañeros de partido; desde deserciones veladas hasta acusaciones de prácticas irregulares, pero el caso más sonado ha sido el divorcio político entre Barberá y quien fuera su "mano derecha", Alfonso Grau. Ya no se hablan, según reconocen ambos.
Y el matrimonio entre el exvicealcalde, procesado en Nóos, y María José Alcón, exconcejala de Cultura y apartada del partido por unas grabaciones -también del caso Imelsa- que la implicaban en el cobro de comisiones ilegales, ha sido también noticia este mes.
Ambos han sido detenidos con veintiocho días de diferencia: Alcón, cuando comenzó la operación Taula -fue el único cargo o excargo del PP que sí declaró ante el juez antes de quedar en libertad provisional-, y su marido, este lunes por un posible cohecho.
