27 de febrero de 2016
27.02.2016
La corrupción mancha la política

La financiación ilegal sienta en el banquillo a la cúpula de Camps y diez constructoras

El juez De la Mata eleva a 4,8 millones el dinero negro utilizado por la Gürtel y el PPCV durante las campañas electorales de 2007 y 2008

27.02.2016 | 01:24

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana concurrió a las tres elecciones (municipales, autonómicas y generales) celebradas en 2007 y 2008 supuestamente «dopado» con dinero negro y financiado de forma ilegal por diez empresas constructoras valencianas, según el auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La decisión judicial obliga a sentarse en el banquillo a cinco dirigentes de la cúpula de Francisco Camps, responsables de las campañas electorales de 2007 y 2008 y de las finanzas del PPCV: Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García.

Junto a ellos los habituales cabecillas de la trama Gürtel imputados en el resto de piezas: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez Alonso «El Bigotes», Cándido Herrero y Ramón Blanco Balín. También tendrán cita con la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional diez empresarios valencianos de la construcción: Enrique Gimeno, Antonio y Alejandro Pons Dols, Gabriel Batalla, Tomás y Rafael Martínez Berna, Enrique Ortiz, José Francisco Bernia, Enrique Fresquet y Vicente Cotino Escribá.

El auto de apertura de juicio oral dictado ayer imputa a esta veintena de acusados la presunta comisión de delitos electorales (la definición técnica de financiación ilegal de un partido) y falsedad en documento mercantil además de acusar a los cinco cabecillas de la trama Gürtel de ocho delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el pago del IVA y el impuesto de sociedades.

El juez De la Mata resume el «modus operandi» de la trama ya adelantado por los agentes de la Udef que investigaron el «caso Gürtel». El Partido Popular pagó todos los actos de las campañas electorales municipales, autonómicas y generales de 2007 y 2008 «presuntamente de forma dual». Una pequeña parte de la facturación, la que estaba dentro de los límites previstos por la ley, se pagaba de forma transparente. Y, el resto, «se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito legal».

Parte de esta deuda del PP con la organizadora de eventos Orange Market SL la pagaban los diez empresarios de la construcción a través de facturas por trabajos nunca realizados, como ha venido contando Levante-EMV desde que estalló el escándalo de la trama Gürtel.
Aunque la historia ya es conocida, el auto relata la creación de la sucursal de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market SL, que se convierte en la organizadora de eventos de cabecera del PP cuando desembarca en Valencia a partir de 2003 .

A finales de 2006, Orange Market comienza a organizar la campaña electoral autonómica y local de 2007 por «el encargo que los dirigentes del PPCV Ricardo Costa y Vicente Rambla hicieron a Álvaro Pérez». Costa y Rambla eran entonces secretario general del PPCV y diputado y director de la campaña electoral de 2007 además de vicepresidente, respectivamente. Una campaña electoral en la que dispararon con pólvora de rey «sin tener en cuenta la cuantía máxima del gasto electoral prevista legalmente». Un gasto electoral que es diferente para cada partido y que se calcula según los votos obtenidos en anteriores comicios, el número de habitantes y el tipo de convocatoria electoral, lo que permite fijar las subvenciones para cada formación política.

Como ejemplo sirve la cantidad declarada por el PPCV a efectos legales para la convocatoria electoral de 2007: un total de 175.000 euros. En realidad, según el auto, gastaron en la cita electoral un total de 1.155.231,43 euros. Durante estos años, el PPCV siempre se ha escudado en que sus cuentas estaban auditadas por la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas. La investigación policial y judicial ha encontrado dónde estaba la presunta trampa. El27 de junio de 2007 la gerente regional del PPCV, Cristina Ibáñez, «presentó rendición de cuentas electorales a la Sindicatura de Comptes». En esta comunicación oficial el PP sólo declaró como «único gasto electoral satisfecho a Orange Market SL los 175.000 euros pagados de forma legal». En la documentación entregada al órgano fiscalizador «se omitió deliberadamente que dichos gastos habían ascendido, al menos, a 1.155.231,43 euros». Estos gastos disfrazados también se presentaron ante el Tribunal de Cuentas por parte del gerente del PP nacional, Luis Bárcenas.

Una estrategia similar se utilizó en las elecciones generales de 2008. «Los servicios prestados por Orange Market al PPCV que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria fueron, al menos, de 801.810,56 euros», según el auto de apertura de juicio oral.
La cifra total de 4,8 millones de euros pagados en «B» o en «Barcelona», como se escucha en las grabaciones de la trama, al que habrían contribuido en parte las diez constructoras enjuiciadas como responsables civiles subsidiarias.

La más generosa fue la mercantil Facsa y Aguas de Castelló que pagó 350.000 euros para las campañas electorales de 2007 y 2008, «por decisión de su administrador consejero Enrique Gimeno». El segundo en volumen de colaboración a «la causa» fue el constructor también imputado en el «Caso Brugal», Enrique Ortiz, quien «abonó parte de los gastos de la campaña del PPCV en 2008 al desembolsar 348.115 euros» camuflados en seis facturas a Orange Market.

Tampoco le fue a la zaga la mercantil Pavimentos del Sureste SA que fue la segunda mayor contribuidora a la trama al abonar 199.520 euros en cuatro facturas pagadas a lo largo de 2007 a Orange Market por servicios «que realmente no habían sucedido», según el auto del juez de la Audiencia Nacional. En este caso, la empresa utilizó varias de sus filiales (Grupo Vallalba, Hormigones Martínez o Pavimentos Suroeste) para camuflar los pagos a Orange Market. Tres responsables de la empresa, Jose Enrique Fresquet Martínez y los hermanos Tomás y Rafael Martínez Bernia (éste último expresidente de la patronal alicantina) han acabado imputados por estos hechos.

Sedesa, la empresa de la familia del ex presidente de las Corts, Juan Cotino, también contribuyó con otros 150.684 euros a los comicios de 2008, por lo que el sobrino del ex político, Vicente Cotino, se sentará en el banquillo. El auto revela que Orange Market recibió otros pagos de Sedesa por valor de 200.000 euros «aunque no constan las circunstancias de dichos pagos». Finalizan la lista de «paganinis» las sociedades de Lubasa, que contribuyó con 110.000 euros a la campaña de 2007 o PIAF SL que «sólo» aportó 31.312 euros en 2007 y 2008.

La facturación de Orange Market «mendazmente declarada»
«Los gestores de Orange Market SL decidieron que esta mercantil presentara sus declaraciones por el impuesto de sociedades y del IVA de conformidad con la apariencia creada para cubrir» los pagos en dinero negro o cobrado de forma irregular a las diez empresas constructoras. No era una práctica novedosa para los responsables de la sucursal de Francisco Correa en Valencia. «Ya en los años anteriores Orange Market presentaba sus declaraciones del IVA y el impuesto de sociedades incorporando en las mismas gastos inveraces y ocultando una parte de sus ingresos», según relata el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez José de la Mata. A partir de una facturación «mendazmente declarada» Orange Market defraudó 313.431 euros en el impuesto de sociedades y 141.488 en el IVA de 2005. En 2006 dejaron de ingresar 320.108 euros por ambos impuestos; 1.259.043 euros en 2007 y 324.735 € en 2008.

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