En estos últimos días asistimos a una discusión, en este caso de Estado, sobre la supresión de las diputaciones y su probable transformación en unos denominados consejos provinciales de alcaldes. En su día también se planteó, en este caso por la Unión Europea, la supresión de municipios menores de determinadas cifras de población y su agrupación. Pero realmente, ¿es necesario todo esto? ¿importa la forma? ¿cómo lo denominemos? o ¿importa el fondo? ¿cómo lo gestionamos?

Por ello, estoy totalmente de acuerdo con el Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, cuando afirma que «las diputaciones no pueden desaparecer mientras no haya algún otro organismo o alguna otra herramienta administrativa capaz de atender a los municipios, ya que aquéllas nacieron con este objetivo».

Como diputada del servicio de Asesoramiento Municipal, no voy a entrar en la batalla de «Diputaciones sí», «Diputaciones no». Pero sí que defenderé la gran labor que desde el servicio de asesoramiento ofrecemos a los municipios, sobre todo a los que tienen una población menor de 5.000 habitantes, que nada menos son el 88% en la provincia de Valencia (187 de los 266).

Es fácil imaginar que con estas cifras de población ciertamente debe ser muy difícil gestionar dignamente estos ayuntamientos y garantizar un acceso a los servicios mínimos de todos sus ciudadanos. Por ello, es muy importante el trabajo dirigido a esas poblaciones más pequeñas que por su escaso presupuesto no pueden realizar cualquier proyecto para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por otra parte, no hay que olvidar que la idiosincrasia de este país hace que uno se sienta especialmente vinculado a su pueblo.

Por ello, considero que lo importante no es el nombre que le pongamos al caballo, sino que el caballo corra. Porque es necesario atender a estos pequeños ayuntamientos, en los que el alcalde o alcaldesa, a veces tiene que incluso controlar las averías de la red de agua o trasladar a un jubilado a otro pueblo con banco que disponga de cajero para poder retirar su pensión. Estos alcaldes y alcaldesas merecen mucho respeto y toda la ayuda que se les pueda prestar, sobre todo, porque son personas orgullosas de su trabajo. Es muy loable su empeño diario en evitar que el municipio que les vio nacer caiga en el olvido y desaparezca. Por esto considero que es necesario, independientemente de cómo lo bauticemos, un servicio a los ayuntamientos que tenga como misión asegurar la asistencia económica, contable, jurídica y técnica.

Sin la diputación, difícilmente podrían tener estos ayuntamientos: arquitectos, aparejadores, o ingenieros en su plantilla. Lo mismo con la asistencia de secretarios-interventores, que garantizan la legalidad de actuaciones, o algo tan sencillo como la conformación de un Tribunal para seleccionar un empleado. Así como la asistencia letrada gratuita en caso de juicio o la redacción de cualquier documento de ordenación urbanística.

Como políticos, sea cual sea la fórmula, no podemos dejar sin ayuda a los municipios. Mi objetivo es seguir trabajando en este sentido.