Cuatro médicos del Hospital General de Valencia tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave por la muerte en enero de 2011 de un paciente que falleció después de esperar 11 horas a ser intervenido.
Así lo ha resuelto el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que ha dictado el correspondiente auto de apertura de juicio oral para el que todavía no hay fecha. El ministerio fiscal, en su escrito provisional, pedía para cada uno de ellos una pena de un año y tres meses de cárcel por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.
El juez entiende que, tras las diligencias practicadas, hay relación directa «entre la muerte del paciente», J. B. G, de 72 años, «y la atención médica que se le prestó en el hospital. «Deviene casi en incontestable que el fatal desenlace fue debido a una atención médica deficiente debida a disfunciones en la coordinación» entre los servicios de Urgencias y Neurocirugía, asegura.
Según el relato de los hechos, el paciente se cayó la noche del día 14 de enero de 2011 en su casa y fue trasladado de urgencia al hospital Verge dels Lliris de Alcoy. Allí, tras ser diagnosticado de un hematoma epidural, fractura de la escama del temporal y hematoma muscular extracraneal, los médicos entendieron que había signos de hipertensión endocraneal y que, por lo tanto, debía trasladarse esa misma noche al General para evaluar su posible intervención para descomprimir la presión craneal.
El traslado se comunicó de hospital a hospital y fue aceptado por los neurocirujanos de guardia aquella noche. Sin embargo, y una vez trasladado al General, J. B. G., de 72 años, «no fue reconocido ni valorado por ningún facultativo» hasta aproximadamente 11 horas después de su llegada. Fue a las 15 horas del día siguiente cuando, «a la vista de su estado», se le practicó una craneotomía descompresiva. J. no pudo superar el postoperatorio y falleció en la UCI un día después.
Por falta de asistencia
Según el auto de incoación de procedimiento abreviado emitido por el juez el pasado mes de junio de 2015 „y que fue ratificado por la Audiencia Provincial el pasado 30 de noviembre„ el informe del médico forense establece una relación «causa-efecto entre el traumatismo provocado y la muerte del paciente, por falta de asistencia médica».
Pese a que el titular del juzgado tiene claro que la falta de coordinación del personal desembocó en la muerte del paciente, reconoce que presenta más dificultades el traducir al ámbito de la responsabilidad penal la participación de cada uno de los cuatro médicos en el fatal desenlace.
Ahí, intenta distinguir qué parte de responsabilidad tiene cada uno de los ahora encausados: dos neurocirujanos de guardia aquella noche (uno presencial y otro en localización), el médico que cubrió la guardia de Neurocirugía al día siguiente y el de guardia de Urgencias que lo tuvo en observación esa madrugada.
Según las diligencias practicadas, todos los acusados manifestaron que ellos actuaron de forma «correcta». Los dos primeros aceptaron el traslado pero ni uno durante su guardia presencial preguntó en toda la noche por la llegada del paciente al hospital ni el otro, a la vuelta de su casa y al dejar el teléfono de guardia a su compañero, preguntó si el enfermo había llegado en su ausencia. Ambos esperaban, según declararon, ser notificados del traslado desde Alcoy.
Tampoco los médicos de urgencias que lo tuvieron en observación llegaron a notificar a Neurocirugía la llegada del paciente aunque las declaraciones entre unos y otros difieren. Sobre el médico que entra de guardia esa mañana, el juez entiende que debe fijarse primero la hora en la que fue notificado por su compañero de la guardia saliente (las horas según las declaraciones difieren).
En el auto se sobresee la causa contra una quinta doctora, también de guardia aquella noche.
La familia, indemnizada
De la causa se ha retirado la familia del fallecido, J. B. G., de 72 años, después de aceptar un acuerdo económico de indemnización con las aseguradoras de los cuatro facultativos. Los familiares del paciente aceptaron la suma de 75.000 euros en concepto de indemnización a cambio de retirar la acusación en el procedimiento, que, sin embargo, ha salido adelante con la acusación del ministerio fiscal.
