La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler parece dispuesta a acabar con el descontrol que durante años ha sido la tónica del sector público empresarial y funcionarial, un apéndice de la administración que disparó la deuda y amparó todo tipo de irregularidades en personal y contratación pública. Y no hay mejor manera para acabar con los 'chiringuitos' y prevenir nuevos pufos que vigilando el día a día de la gestión, cada gasto y cada factura que se produce. Este es al menos el propósito del conseller, que ayer anunció la puesta en marcha de nuevos mecanismos para que toda la contabilidad de las empresas sea controlada directamente desde la conselleria con el fin de llevar un control absoluto de lo que se paga y a quién se paga. Soler ha encargado esta tarea a la Dirección General de Tecnologías de la Información, para que habilite la manera en que Hacienda pueda acceder apretando un botón a toda la información contable.
En la práctica, esta iniciativa convertiría a la conselleria que dirige Soler en una especie de Gran Hermano con información en tiempo real de la gestión del sector público. Sería una forma de trabajar totalmente distinta, ya que ahora cada empresa funciona de forma autónoma y la fiscalización, a través de auditorías privadas, se produce cuando termina el ejercicio. Ni siquiera las conselleries de las que dependen orgánicamente las distintas firmas pueden de forma directa acceder a las facturas. La información debe solicitarse al gerente de turno. Soler argumentó que es necesario imponer la transparencia total en el sector público, ya que, en su opinión, la forma en que han funcionado, como reinos de taifas, han posibilitado los focos de corrupción.
Cabe apuntar que en el pasado hay ejemplos de descontrol de todo tipo. Desde consellers que camuflaban gastos en restaurantes en la contabilidad de las firmas (el caso de comilonas del exvicepresidente Gerardo Camps a cargo de Cacsa) hasta puestos a medida en la plantilla para cargos del PP, como el caso, denunciado el jueves en las Corts por el presidente Ximo Puig, de la diputada nacional Inmaculada Guaita en Proyectos Temáticos.
En la conselleria se tiene el convencimiento de que con un control efectivo de cómo se gestionan los recursos públicos en las empresas se hubieran evitado casos como el de Ciegsa y los escandalosos sobrecostes.
El proceso, advierten desde la conselleria, no será de un día para otro, ya que si el mecanismo se implanta supondrá un cambio radical respecto a cómo se ha venido trabajando en la Administración en los últimos treinta años.
La iniciativa podría, además, encontrar ciertas reticencias internas en una administración gobernada por un bipartito. Cabe recordar que en las negociaciones del reparto de conselleries entre PSPV y Compromís, las empresas y fundaciones públicas tuvieron un capítulo aparte. La asignación de estas firmas se realizó también desde los criterios de equilibrio entre partidos. En la práctica, la propuesta de Soler implica que Hacienda supervisará la gestión de todo el sector público.
Cabe recordar, tal como informó este diario, que la Conselleria de Hacienda está trabajando en una nueva ley del sector público que ponga orden en las plantillas. La contratación de personal en los años de Gobierno del PP también es un episodio oscuro que han heredado los nuevos gestores. El Consell ha encargado ya auditorías específicas para, llegado el caso, solicitar responsabilidades a los gestores por quebranto en las cuentas públicas. En materia de personal se han encontrado numerosas irregularidades y la existencia de contratos de alta dirección cuya extinción costará dinero a la Generalitat.
Por otro lado, la Conselleria de Hacienda también quiere tener acceso a la información sobre los grandes números que las empresas públicas envían mensualmente a la Intervención General y que esta a su vez remite al Ministerio de Hacienda.
