02 de marzo de 2016
02.03.2016
Institución provincial

El 70 % de alcaldes valora el trabajo de la diputación y defiende su continuidad

Uno de cada tres recela del Consell si desapareciera el ente provincial y el 56 % detecta que prima el amiguismo en la concesión de las ayudas

02.03.2016 | 04:15

El pacto entre PSOE y Ciudadanos, por el que ayer mismo se sometía a la primera ronda de investidura en el Congreso el candidato socialista, Pedro Sánchez, incluye la sustitución de las diputaciones por un nuevo ente, el consejo de alcaldes. Sin embargo, la iniciativa ya ha provocado el rechazo de diferentes barones socialistas y el inicio de una campaña que impulsa el PP en favor de estos organismos. Además, según una encuesta de la propia diputación conocida ayer, la eliminación tiene también en contra a la mayoría de alcaldes de la provincia, pese a que los dirigentes provinciales, curiosamente, están a favor de ceder competencias a la Generalitat.

Un 71% de los referentes municipales considera que la diputación hace bien su trabajo por lo que defiende su supervivencia. La encuesta, que el nuevo gobierno de la diputación que dirigen PSPV y Compromís, encargó a su llegada al Palau de la Batlia, señala que la diputación es especialmente valorada entre los ayuntamientos de menos de diez mil habitantes, la gran mayoría.

El estudio se realizó durante el mes de diciembre de 2015 a través de encuestas telefónicas a 239 alcaldes y pretendía conocer la valoración que dan a los servicios que reciben de la diputación. Además, el trabajo se realiza en un contexto en el que la mayoría de las alcaldías de la provincia las ocupan partidos de izquierda, tras el vuelco electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015 por lo que el resultado evidencia que tampoco muchos de los alcaldes de PSPV y Compromís apoyarían la hipotética desaparición de la diputación.

Con todo, en el caso de su supresión, un buen número de alcaldes, el 36 %, ve con recelo que la Generalitat pueda asumir las competencias que ahora gestiona la diputación. El dato demuestra que para uno de cada tres alcaldes la Generalitat tiene mala reputación, especialmente porque les despierta dudas de que pueda realizar correctamente su labor y sobre todo de que pague en tiempo y forma.

La mejor valoración, en Xàtiva
El propio presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, admitió ayer que la Generalitat no tiene buena fama porque en la pasada legislatura llegó a acumular retrasos en el pago de hasta año y medio lo que puso en aprietos la economía de muchos ayuntamientos. En la legislatura anterior se hizo habitual escuchar al anterior presidente, Alfonso Rus, sacar pecho del estado de las arcas provinciales para desacreditar a su rival del Palau de la Generalitat.

Mientras, el partido judicial que mejor valoración tiene de la diputación es el de Xàtiva, de donde procede su anterior presidente, que tuvo que dimitir en mayo de 2015 tras airearse una grabación en la que presuntamente contaba dinero procedente de mordidas por amaño de contratos públicos.

En cambio, los partidos judiciales donde peor valoración encuentra la labor de la diputación son Valencia y Alzira. El ente sale mejor valorado entre los municipios de 2.000 a 10.000 habitantes. Pero, en caso de que desaparecieran las diputaciones, un 26% de los alcaldes defiende que esa función la desarrollen los ayuntamientos. Además, hay un 30% que declara que las funciones que presta la diputación no están nada claras y también les resulta complicado conocer el organigrama o las competencias que gestiona. En este caso, los ayuntamientos del partido judicial de Ontinyent son los que más dificultad tienen a la hora de tener claras las competencias. Respecto a ellas, las más valoradas son las infraestructuras, el asesoramiento y la labor en Bienestar Social y la que menos el cuidado de los bosques y la construcción de carreteras. La encuesta añade que sólo un 23% de los alcaldes cree que ceder competencias a la Generalitat supondría un ahorro para las arcas públicas.

Dudas sobre el reparto de ayudas
El propio Rodríguez, que compareció junto a la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, destacó que los alcaldes ponen un «notable» a la corporación provincial, pese a que plantean dudas sobre el funcionamiento de la institución y el reparto de las ayudas.

En concreto, un 56% de los alcaldes de la provincia cree que el reparto de los recursos no es equitativo por la falta de claridad o amiguismo de signo político. Rodríguez defiende que ya se ha acabado con la discrecionalidad que se daba en la corporación presidida por Alfonso Rus. «No se quejan tanto del dinero que les toca sino de cómo se ha hecho el reparto; muchos tienen la concepción de que se premia o castiga a los municipios según su color político», admite Rodríguez.

Por otra parte, la capacidad de los técnicos de la diputación es el dato mejor valorado respecto al personal y la lentitud, el peor.

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