El culebrón en el que se ha convertido la creación de la Agencia Tributaria Valenciana, sobre todo, en relación a la amortización de varios puestos de trabajo ocupados por personal interino, suma ahora un nuevo capítulo. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de quien depende el área de Función Pública, ha frenado, de momento, el cese de algunos de esos interinos tras mantener con ellos una reunión la semana pasada.
La conselleria ha solicitado informes jurídicos para atar la legalidad del proceso ya que el colectivo se muestra dispuesto a ir a los tribunales. A Bravo, en su calidad de responsable, le correspondería, llegado el momento, autorizar la amortización de los puestos y la creación de nuevas plazas. Por lo que, en cierto modo, los planes de Hacienda necesitan de su concurso.
El conflicto se remonta a la etapa de Gobierno del PP y al proyecto iniciado por el exconseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, para constituir un organismo propio de tributos con una estructura inspirada en la Agencia Estatal Tributaria. Entre otros objetivos de eficacia, se buscaba poner fin al alto porcentaje de interinidad (más del 60% es temporal) en un área clave para los ingresos de la Generalitat.
Degradación
La iniciativa, que posteriormente validó el nuevo equipo de Vicent Soler, pasa por impulsar ofertas de empleo público para cubrir por oposición los diferentes puestos. El problema, más allá de las quejas de algunos de los interinos afectados, es que el proceso implica la amortización de una serie de puestos y la creación de otros nuevos de menor categoría y retribución (se pasa de A1 a A2) en los que de manera provisional y mediante una bolsa puente se invita a seguir a los interinos. Esta suerte de degradación podría plantear algún problema.
Sea como fuere, los ceses que debían haberse producido ya a principios de marzo se han paralizado. Aquellos empleados (hay unos siete u ocho afectados) que no se presentaron a la bolsa de empleo creada por la Dirección General de Función Publica recibieron una carta de la Dirección General de Tributos informándoles de la inminente amortización del puesto y de los días de vacaciones que debían tomarse.
Sin embargo, este personal sigue trabajando. Se quejan de la incertidumbre en la que viven desde hace meses respecto a su futuro.
Los sindicatos, por su parte, están divididos ante este conflicto. UGT fue el único sindicato que respaldó abiertamente a Hacienda en la propuesta de pacto para la reorganización de los cuerpos de inspectores. Intersindical y CC OO han decidido retirarse de la pelea tras entrar en conflicto con los propios interinos. CSIF, por su parte, ha puesto en conocimiento de Función Pública la existencia de bajas por depresión y ansiedad y no descarta ponerlo por escrito.
Mientras tanto, desde la Dirección de Tributos se minimiza el conflicto y se pone el acento en las más de cincuenta plazas que saldrán a oferta de empleo público en los próximos años para reforzar el cuerpo de inspectores. Recuerdan que también es una oportunidad para los interinos.
