03 de marzo de 2016
03.03.2016
Tribunales

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional investigue el cartel de aviones antiincendios

Anticorrupción solicita el traslado de la pieza porque el reparto ilegal del mercado se hacía en toda España

03.03.2016 | 00:21

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt que la pieza separada del cártel de empresas de los aviones antiicendios que se repartían el mercado, investigada en el seno del «caso Avialsa», se acabe de instruir en la Audiencia Nacional, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. El motivo para que el juzgado se inhiba a favor de la Audiencia Nacional es que las nueve empresas investigadas se repartían los contratos de extinción de incendios en toda España, por lo que actuaron en numerosas comunidades autónomas para perpetrar un presunto fraude que podría superar ampliamente los cien millones de euros.

A raiz de esta investigación, el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción desplegaron un dispositivo el pasado 13 de enero que acabó con veinte detenidos y otros tantos registros en empresas y sedes oficiales de seis comunidades autónomas. La macrorredada se bautizó como «Operación Concertación» y salpicó a seis comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.

La Fiscalía Anticorrupción justifica el traslado de la causa a la Audiencia Nacional porque la investigación ha constatado la «concertación» de las empresas de los aviones de extinción de incendios para «alterar las normas de la competencia» que se repartían «de forma extraoficial» las contrataciones públicas en España y otros países, como Portugal e Italia. El cartel pactaba, en reuniones celebradas en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), los topes mínimos con los que acudir a los concursos para «repartirse el mercado por áreas de influencia».

Esta «alteración del mercado», según la Fiscalía Anticorrupción, ha quedado constatada por los investigadores a partir de las relaciones económicas entre las compañías del sector, que «vendrían a reflejar la explotación de concursos de forma conjunta y el ajuste ocasional que pudieran afrontar por determinados aspectos». Las empresas contratistas levantaban actas de estas reuniones en las que abordaban, con orden del día establecido, cómo burlar la ley.

Las firmas contaban, además, con la supuesta complicidad de los políticos a los que agasajaban con regalos para que facilitaran el supuesto amaño de contratos. Entre estos dirigentes beneficiados estarían el ex conseller de Gobernación, Serafín Castellano, el ex director general de Interior Pedro Hidalgo, además del alto cargo de la Generalitat de Catalunya Xavier Palmés y los responsables de Bomberos de Cataluña Manel Bosch y Ramón Dinarés, con los que el empresario de Avialsa T-35, Vicente Huerta, mantenía una estrecha relación, según la documentación requisada durante los registros del pasado 13 de enero.

En total hay 33 personas investigadas por el presunto amaño de contratos a cambio de regalos.

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