El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, dejó ayer de nuevo claro que el área que gestiona no sabe de límites competenciales. En las Corts y en una comparecencia a petición propia para presentar, entre otros asuntos, el Plan de Inspección de Servicios para 2016-2017, Alcaraz avanzó que el Consell incrementará los controles sobre la utilización de cajas fijas y la contratación pública en la Generalitat, una misión que tiene asignada la Intervención de la Generalitat (dependiente de la Conselleria de Hacienda) y la Sindicatura de Comptes.
El titular de Transparencia quiere, sin embargo, hacer su propia aportación y dedicará dos inspectores de servicio a escudriñar durantes seis meses (de febrero a julio) el correcto funcionamiento de la caja opaca del resto de conselleries, incluido las empresas públicas. También supervisará la contratación menor.
El detalle aparece recogido en las actuaciones previstas para este año para la Inspección de Servicios, una cuerpo especializado de funcionarios cuya función es garantizar el correcto funcionamiento de los servicios. Esta suerte de policía interna, que tuvo escaso papel en la etapa de gobierno del PP, fue asignada a la Conselleria de Transparencia y Alcaraz está dispuesto a utilizarla como instrumento en su batalla por eliminar de la Generalitat las malas prácticas y la corrupción.
Las irregularidades en contratos menores y el abuso de la caja fija constituye uno de los aspectos más controvertidos de la etapa popular y están en la intrahistoria de muchos de los casos de corrupción que copan la agenda judicial. De ahí que la conselleria ha diseñado un completo programa de actuaciones que, en algunos casos, entran en clara competencia con otras conselleries, como la que dirige Vicent Soler.
Buscar irregularidades
La conselleria parte de la base de que la tramitación de contratos menores y el uso de la caja fija presentan un nivel de regulación baja y se hace eco de los informes de la Intervención y de la Sindicatura en los que se detectan anomalías. El objetivo es que sus inspectores detecten en qué situaciones y por qué motivo se producen las irregularidades. Para ello deberán bucear en una muestra de expedientes que abarcan todas las conselleries y empresas públicas. Eso sí, la intención es trabajar de manera coordinar con la Intervención para «evitar duplicidades en los controles».
Pero hay más misiones contempladas en el plan que entran en terreno de otras conselleries. Así, la Conselleria de Transparencia pretende inspeccionar los procesos de selección de personal en el ámbito de la función pública, una tarea que previamente deberá pactar con la Conselleria de Justicia dirigida por Gabriela Bravo, que tiene las competencias en materia de personal. Según se especifica en el documento difundido por Transparencia se revisarán los procesos de ofertas de empleo público. El conseller anunció también la revisión de las plantillas del sector público, precisamente en el punto de mira de la Conselleria de Hacienda.
No sería la primera vez que en la Generalitat se produce un problema competencial entre varias conselleries con Transparencia, como protagonista. La comparecencia de Alcaraz se produce la misma semana que el conseller Soler anunciara su intención de instalar una especie de Gran Hermano informático para poder acceder al día a día de la facturación de las firmas y fundaciones públicas.
Alcaraz subrayó ayer que la inspección «tiene ante sí un reto importante para esta legislatura, ya que de ese éxito depende en gran medida que se destierren de nuestra Administración autonómica esas prácticas que tanto han devaluado nuestras instituciones en los últimos años».
Según dijo, «es prioritario reforzar y potenciar» este cuerpo con un nuevo marco de actuación «que garantice su papel de garantizar el cumplimiento sistemático de la ley y mejorar los mecanismos de detección de las irregularidades y malas prácticas que puedan producirse en el seno de la Administración».
