04 de marzo de 2016
04.03.2016
Sanción

Protección de Datos multa a Interior por la seguridad privada de la cárcel de Picassent

El sindicato Acaip denunció que los vigilantes accedían a los listados de los internos que debían salir del CIS

04.03.2016 | 00:12

La Oficina en Valencia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, desveló ayer que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Ministerio del Interior por la vulneración de la normativa vigente en materia de protección de datos en relación al contrato de seguridad privada en el complejo penitenciario de Picassent.

Acaip, tras advertir de la «falta de transparencia» en la privatización por parte del Gobierno central, denunció a Interior porque presuntamente se vulneraba la vigente normativa en materia de Protección de Datos, ya que los funcionarios de servicio «debían facilitar a los miembros de la empresa de seguridad listados con nombres y apellidos de internos» que debían salir del Centro de Inserción Social (CIS), ubicado dentro del complejo penitenciario, y «no quedaba suficientemente claro que esos vigilantes de seguridad pudieran manejar esos datos, por carecer de habilitación legal para ello. Por lo que los funcionarios que facilitaban esos listados podían incurrir en algún tipo de responsabilidad si lo hicieran», según explicaron en un comunicado.

Con fecha 30 de noviembre de 2015, la instructora del procedimiento realizó una propuesta de resolución, luego confirmada en febrero de 2016 con una multa definitiva, confirmando que la Secretaría de Estado de Seguridad «ha infringido la normativa vigente por transmitir los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en la Ley de Protección de Datos», lo que considera como una falta leve. Interior tiene un mes para resolver esta situación, según añadieron desde Acaip.

«El Ministerio del Interior no solo hizo las cosas con oscurantismo, con falta de transparencia y con falta de información, ocultando los contratos a los diputados que los solicitaron, sino que también vulneró la normativa legal vigente en materia de protección de datos, derrochando miles de euros de dinero público», precisó Acaip en su comunicado.

El sindicato criticó en su momento la incorporación de cinco vigilantes de seguridad en cada uno de los turnos que antes realizaba la Guardia Civil, con un coste de unos 800.000 euros anuales. «Durante el proceso no se facilitó información alguna ni a los representantes de los trabajadores, ni de los cuerpos de seguridad, y una vez celebrado el mismo, no se ha querido facilitar el contrato ni siquiera en sede parlamentaria», dijeron.

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