El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión del Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
Así lo han dado a conocer este viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en declaraciones a los medios, y la vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, al inicio de la rueda de prensa tras el pleno del Consell. Oltra ha indicado que se ha alzado la suspensión cautelar y lo ha calificado de una "buena noticia".
El Constitucional suspendió cautelarmente la ley valenciana que prevé la atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular, al haber admitido a trámite el recurso que el Gobierno central presentó contra esta norma.
El Consell solicitó el pasado 17 de noviembre al Constitucional el levantamiento del veto por motivos de salud pública y se aludía a antecedentes similares en el País Vasco y Navarra, donde se levantó la suspensión de la norma impugnada.
El pasado día 11 de noviembre, el pleno de Les Corts, con el apoyo de Compromís, PSPV y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, ya acordó pedir al Gobierno de España la retirada de su recurso ante el Constitucional que bloquea la aplicación del citado decreto.
En su escrito, la Generalitat alegaba que el acceso a la atención sanitaria integral "es un derecho fundamental", que la población en riesgo de exclusión social requiere de medidas preventivas y que han de ser los poderes públicos los responsables de suprimir los obstáculos sobre los que se asienta la desigualdad.
Recordaba el Consell además que a los beneficiarios de estas condiciones de acceso al sistema sanitario "no se les atribuye la condición de persona asegurada o beneficiada del sistema nacional de salud y no generan derecho a cobertura", de modo que únicamente disponen de una tarjeta sanitaria válida en la Comunitat.
Así, se reclamaba el levantamiento de la suspensión "sin necesidad del transcurso de cinco meses desde que fue adoptada" porque este plazo "debe entenderse como máximo", porque es preciso que el Gobierno "aporte y razone con detalle los argumentos que justifican el mantenimiento de la suspensión" y porque su levantamiento "no generará situaciones irreversibles; más aún, todo lo contrario".
Las alegaciones de la Generalitat hacían referencia a "asuntos prácticamente idénticos" dirimidos en el País Vasco y Navarra y al hecho de que la suspensión del decreto "ha dejado sin cobertura de acceso reglado al sistema valenciano de salud a 127.000 ciudadanos".
En este sentido, se advierte de que la atención sanitaria global "pierda eficiencia" y también sobre "la posibilidad de propagación de enfermedades infectocontagiosas como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa y la hepatitis B".
A 1 de noviembre, habían solicitado este tipo de acceso sanitario un total de 5.408 ciudadanos. El 90 % de tramitaciones corresponde a ciudadanos que no pertenecen a la UE, y mayoritariamente con edades entre 25 y 40 años y procedentes de Marruecos, Honduras, Ucrania, Rumanía, Bolivia y Colombia.
