La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ya tiene en su mano la herramienta legal que le permite entregar la tarjeta sanitaria a personas inmigrantes o valencianos que perdieron el derecho tras permanecer más de noventa días en el extranjero.
Es la consecuencia directa de la decisión del Tribunal Constitucional, conocida ayer, de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre el decreto ley del Consell del pasado mes de julio, que las Corts ratificaron por amplia mayoría, y que convertía en universal el acceso a la sanidad pública en la Comunitat Valenciana.
Fue una de las primeras decisiones adoptadas por el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra dentro del Acord del Botànic y de una política de recuperación de derechos en el ámbito sanitario que ambas formaciones recogían en sus programas electorales. El levantamiento, según explicó ayer la portavoz del Consell, Mónica Oltra, no tiene efecto sobre otras autonomías, pero permite a la Generalitat sacar pecho y exigir con más fuerza la derogación de una norma que se remonta a 2012 dentro de la política de recortes que impuso el PP de Rajoy.
Contra aquel decreto del Consell, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucional, que provocó la suspensión del decreto el pasado mes de junio. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano se guardó un as en la manga ante la esperada reacción de Madrid y elabora una serie de instrucciones, de carácter infralegal, dijo ayer Oltra, por las que devolvía la sanidad universal a los residentes en la Comunitat Valenciana que se habían quedado sin tarjeta SIP y habían perdido la cobertura sanitaria. En virtud de aquella instrucción se les empezó a devolver el SIP.
Ahora, el Constitucional levanta el veto y el decreto ley vuelve a estar en vigor. Ello que no quita que durante su suspensión, el Consell ha mantenido la entrega de la tarjeta sanitaria por aquella instrucción que daba cobertura pero sin rango de ley. «Estuvimos espabilados», dijo ayer la portavoz Oltra, que reclamó la le derogación de la ley de 2012 que «ha amargado la vida a miles de personas».
«Derecho de salud garantizado»
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, compareció en el Palau a mediodía para informar del levantamiento del veto. El jefe del Consell aseguró que hasta que se produzca una sentencia definitiva la sanidad universal queda garantizada a todos los ciudadanos que residan en la Comunitat Valenciana, «sea cual sea su color y origen». Según Puig, la decisión del Tribunal Constitucional refuerza las tesis del Consell y permite prestar los servicios sanitarios en centros de salud y hospitales sin obstáculos legales. «Era una cuestión de sentido común y de racionalidad», indicó.
El jefe del Consell también reclamó la derogación de la ley que restringe los derechos de las personas a acceder a la sanidad pública y dijo que la sociedad no entiende que no se pueda atender a las personas por su origen «porque no es una cuestión de papeles, sino de derechos humanos y este derecho los valencianos lo asumimos como propio», indicó.
