Al menos 14 de los 21 juzgados de instrucción de la ciudad de Valencia, es decir el 66%, tienen abiertas causas por corrupción, casi cuarenta asuntos de los cuales la mitad tiene una amplia repercusión en los medios.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en algunos casos, como el de los juzgados de instrucción 15 o 21, se acumulan hasta seis de estas causas, lo que ha propiciado el refuerzo, por ahora, de tres juzgados (15, 18 y 21).

En el 15, el mismo que instruyó el conocido como caso Emarsa„algunas de cuyas piezas todavía se encuentran en fase de instrucción„ se investiga a la exintendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

También el conocido como fraude de las resonancias, en el que se procesa a 11 directivos de la empresa Eresa por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, dos piezas del caso Vaersa y una denuncia de Esquerra Unida por supuestas irregularidades en la Fiesta de la Cerveza, celebrada en la plaza de toros de Valencia entre 2011 y 2014.

Por su parte, el juzgado número 21, el mismo que investiga el accidente de metro de 2006, acumula las causas contra la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, cuatro subdirectores y un empresario por sobreprecio en la compra de obras de arte; además de dos piezas del caso Cooperación, una sobre las subvenciones para cooperación entre 2009 y 2011 y otra sobre las acciones de la Generalitat para la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010.

El supuesto amaño del Levante

En el listado de causas relacionadas con la corrupción hay asuntos tan variopintos como el supuesto amaño de un partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011, o una pieza sobre contratos entre Vaersa y la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en 2006 fruto de un hallazgo «casual» de la jueza de Instrucción 15.

El 18 es otro de los juzgados que recientemente se ha sumado a las causas mediáticas con la investigación del conocido como caso Imelsa, que supuso la detención del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, y del que se podrían derivar otras muchas causas.

La primera de ellas, también de amplia repercusión, es la del supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de Valencia, una causa en la que ya se han iniciado los trámites para la investigación (anteriormente imputación) de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Otros protagonistas de la política valenciana, como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, o el exvicealcalde Alfonso Grau, también se encuentran inmersos en causas similares.