La Fiscalía Anticorrupción y la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tienen muy avanzadas las pesquisas de las dos piezas separadas que quedan por juzgar en el caso Blasco, la causa del saqueo de los fondos de cooperación al desarrollo de la Generalitat. El Ministerio Público está llegando a acuerdos con imputados y de esos pactos transciende que volverá a pedir prisión para los políticos que participaron en los delitos, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes jurídicas. Los directivos de las ONGD que se vieron salpicados por la causa sólo tendrán que afrontar una multa económica por responsabilidad civil.

Cabe recordar que por la primera pieza de esta investigación fue condenado el exconseller Rafael Blasco a seis años y medio de prisión al considerarlo culpable de un delito de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa, y delito continuado de falsedad documental por permitir la compra de pisos en Valencia con dinero para construir pozos de agua en Nicaragua. Junto a Blasco, fue sentenciado su equipo más cercano en el departamento de Solidaridad, el empresario cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, y los dos directivos de la ONG que se benefició de la adquisición de los inmuebles.

La línea de la Fiscalía continuará igual en las piezas que quedan por juzgar. La segunda investiga el desvío de fondos de cooperación para Perú, Guinea o Tailandia a la compra de un yate y apartamentos en Miami. Tiene 23 imputados. La tercera indaga en la adjudicación del hospital de la Generalitat en Haití. En este caso se persigue las irregularidades en el proceso de contratación, que ganó la trama corrupta, y en el desvío de 177.000 euros aportados por los valencianos. Este dinero acabó presuntamente en manos de la red. Hay 12 imputados.

Así, los investigadores consideran que el desvío del dinero de cooperación fue orquestado por los políticos de la Conselleria de Solidaridad imputados y por la fundación de Augusto César Tauroni. Además de los delitos administrativos, en este caso también se investiga un presunto soborno a cargos públicos que se habrían descubierto gracias a las grabaciones de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).

Por su parte, los investigadores consideran que las ONGD y sus directivos y directivas imputados fueron meros instrumentos para desviar los fondos. Aseguran que con o sin su conocimiento, según los casos, fueron utilizados para perpetrar los delitos pero no se beneficiaron económicamente. Por eso, según ha podido saber este periódico, la Fiscalía Anticorrupción solicitará una multa por responsabilidad civil para hacer frente al dinero desviado y poder resarcir a las arcas públicas. Se salvarán de la cárcel.