Al margen del recorrido que la denuncia pueda tener en la Comisión Nacional de los Mercados, la investigación judicial sobre el presunto fraude protagonizado por nueve empresas que se repartían los contratos de extinción de incendios podría acabar en la Audiencia Nacional como una pieza separada.
Así lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que ha colaborado en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt. El pasado 13 de enero, el juzgado ordenó una macrorredada que terminó con 13 detenidos, una docena de registros en empresas y sedes oficiales de seis comunidades autónomas.
Las firmas implicadas en este caso contaban también con el apoyo de cargos políticos y técnicos a los que supuestamente agasajaban con regalos a cambio de facilitar los contratos. Entre los beneficiarios estarían el exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, el exdirector general de Interior de la Generalitat Valenciana Pedro Hidalgo, Xavier Palmés, de la Generalitat catalana, y Manel Bosch y Ramón Dinarés, altos cargos en los Bomberos de Cataluña.
