En materia de contratos públicos existen las adjudicaciones impecables y luego están las concesiones sospechosas, por la tramitación del procedimiento, por el pliego o por cómo se conforma la mesa de contratación. Hay una tercera categoría en la que militan los contratos otorgados por negociados sin publicidad, a dedo, que habrían sido evitables o que se tramitaron sin la debida consulta de ofertas. En cuarto lugar figuran los contratos con ilegalidades de bulto. Y luego existe una categoría suprema, fuera de concurso, en el lado oscuro de la ley: cuando ni siquiera existe contrato, ni adjudicación, ni expediente. Nada de nada. Sólo facturas sin procedimiento administrativo que las sustente. José Miguel Pérez Taroncher, el constructor de cabecera del exconseller Serafín Castellano, facturó a la Conselleria de Sanidad más de 1,8 millones de euros por obras acometidas en el antiguo hospital La Fe por ese sistema, sin que mediara contrato.
El juez y la UDEF de la policía judicial investigan en especial este tipo de facturación al sospechar que catalizó mordidas en la trama Avialsa, por la que Taroncher „considerado presunto testaferro del exconseller„ fue detenido, como Castellano, el pasado 29 de mayo. Eso pagos sin contrato constituyen una excelente fuente de comisiones dado que al no existir licitación carecen de precios de referencia.
36 contratos con cuatro consellers
La práctica totalidad de las concesiones que recibió desde que en 2000 Castellano lo introdujo como contratista de la Generalitat fueron a dedo. En éstas en concreto hubo un plus de presunta ilegalidad. Pudo cobrar gracias a sendos informes de enriquecimiento injusto, avalados por el entonces conseller Manuel Cervera. Con ese trámite la Administración reconoce el servicio prestado aunque se adjudique ilegalmente. Estos informes de urgencia para blanquear el pago obedecían a trabajos de «refuerzo estructural del pabellón central» de La Fe antigua (1.205.691 euros) acometidos en 2007 y de reparación de la estructura de ese mismo edificio, por 648.691 euros, ya en 2008.
Son dos de las 26 adjudicaciones a dedo o bajo mano que recibió Taroncher de la Conselleria de Sanidad entre 2000 y 2008, con cuatro consellers: Castellano, Vicente Rambla, Rafael Blasco y Manuel Cervera. El amigo de Castellano logró, además, otros ocho contratos de obra menor en el centro informático de la Avenida de Campanar, además de la adjudicación de obras en el Centro de Salud de Riba-roja, por 237.563 euros, o trabajos de mejora en el de Manises, por lo que cobró 102.841 euros. La factura de Taroncher con Sanidad ascendió a un total de 3.413.138 euros, según la documentación oficial que se llevó la policía cuando registró la sede de la conselleria en Micer Mascó el pasado 29 de mayo, cuando se ejecutó la operación Hispaniolus.
Parte de esas concesiones las recibió cuando Máximo Caturla era subsecretario de recursos económicos de Sanidad. En concreto 16 contratos menores, casi todos en La Fe, por valor de 850.000 euros. Caturla fue alto cargo en Sanidad con Castellano y luego con Rambla, hasta que dio el salto a la constructora pública de colegios Ciegsa, donde estuvo entre 2004 y 2007.
El milagro de Jopeta
Caturla está investigado en la Operación Taula como una de las piezas clave en la trama de recaudación para el PP y de cobro de comisiones en contratos. Caturla fue «cajero» de Rus en el PP provincial, desde el congreso de 2004, cargo que compaginó con su puesto en Ciegsa. En sus tres años como consejero delegado y gerente, esta sociedad pública acumuló más de 130 millones en sobrecostes. A Taroncher no sólo lo cuidó desde Sanidad. Desde Ciegsa le adjudicó 1,8 millones en obras de colegios.
En 2006, antes de cobrar los trabajos de mayor cuantía en Sanidad, Taroncher transfirió dos millones de euros a una cuenta de Luxemburgo a través de la sociedad Jopeta Patrimonios. «Un dinero que no ha vuelto a España», subraya la investigación. Esta patrimonial se constituyó ese año con un capital social de 900.000 euros, «depositados en efectivo en una cuenta de Banesto cuya existencia no ha sido posible confirmar en la Agencia Tributaria», señaló la UDEF. El juez subrayó que el volumen de dinero aportado como capital «no guarda correlación con los ingresos legales atribuibles a Pérez Taroncher», quien puso otros 90.000 euros como socio de la mercantil. «La única operativa» que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Jopeta Patrimonios es realizar «transferencias internacionales de divisas que no han vuelto a España».
El juez y la Fiscalía sospechan que al no existir actividad de Taroncher en el extranjero, ese tráfico de divisas escondería una mecánica de blanqueo de capitales. La patrimonial habría sido utilizada como «una sociedad instrumental muy sospechosa de albergar procedimientos de blanqueo para derivar capitales a los circuitos económicos internacionales sin llamar la atención de las autoridades fiscales», según el juez.
