El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado hoy por unanimidad instar al Consell a que aumente el importe máximo de la renta garantizada de ciudadanía en un 38 %, aproximadamente, es decir unos 200 euros mensuales de media, en virtud de una proposición no de ley promovida por Ciudadanos.
Así, se ha acordado un incremento del 62 % al 100 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para un único beneficiario, el 105 % para dos destinatarios, y sucesivas ampliaciones del 3 % para cada destinatario más hasta alcanzar el 138 % del IPREM cuando la renta tenga por objeto 13 destinatarios.
Esto supone un incremento del 38 % en todos los tramos, ya que se calcula según el número de miembros de la unidad familiar, de forma que un único destinatario pasaría de percibir 330 a 532,51 euros mensuales.
Por otra parte, se ha acordado elevar la franquicia de ingresos que no se computan de 90 a 150 euros.
La propuesta de Ciudadanos ha sido finalmente aprobada con varias enmiendas: el PSPV ha agregado que se inste al Gobierno a que elabore una Ley Estatal de Renta Mínima que establezca unos mínimos para todas las autonomías, y que esta renta se incorpore al sistema nacional de Seguridad Social para garantizar su cobro.
El PP ha reclamado que el Servef planifique a los beneficiarios de esta prestación un itinerario específico de búsqueda de empleo con asesoramiento de funcionarios especializados; y Podemos ha incluido que la renta garantizada contemple incrementos progresivos con el objetivo de aproximarse a los límites de la pobreza establecidos en la encuesta de condiciones de vida que se realiza en el ámbito europeo.
El diputado Alberto García, de Ciudadanos, ha defendido esta iniciativa por entender que "en la Comunitat Valenciana la renta mínima de inserción se encuentra en uno de los niveles más bajos de España" y, así, resulta complicado "incorporar a la sociedad a los menos favorecidos".
"Esta ayuda es un freno contra la espiral de marginalidad, una estrategia que ha de permitir que se alcancen niveles de vida más dignos y una salida de emergencia de la pobreza", ha agregado.
En opinión de Mª José Català (PP), la proposición no de ley ha incorporado una "cuestión fundamental", como la "profundización en los problemas de los perceptores, para que encuentren un trabajo y consigan salir de la situación en la que se encuentran".
Según ha expuesto la diputada socialista Concha Andrés, aproximadamente la mitad de los 469.000 desempleados valencianos son susceptibles de necesitar esa ayuda extraordinaria, dado que no cobran prestaciones, ni subsidio ni rentas activas de inserción, motivo por el que ha pedido "prudencia" a la hora de plantear estas iniciativas.
En el ámbito estatal, ha agregado, se destinan 170 millones de euros mensuales para este tipo de prestaciones, lo que hace necesario, a su juicio, "cohesionar" estas iniciativas.
La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha reprochado al PP que votase en contra otras iniciativas similares planteadas anteriormente y ha recordado que la exdiputada de este grupo, Pilar Sol, afirmó que había desfavorecidos que compraban televisiones de plasma con la renta garantizada, una afirmación por la que pidió disculpas posteriormente.
"Desde 2013 hasta hoy no saben el calvario que han hecho pasar a mucha gente", ha agregado la diputada de Compromís, "ahora, un sólo beneficiario cobrará lo mismo que 13 con el PP".
María José Català ha respondido a estas afirmaciones recordando que la renta mínima garantizada fue puesta en marcha por el anterior Consell del PP.
Para David Torres, de Podemos, la propuesta de Ciudadanos "se quedaba corta" y por eso su grupo ha pedido que la renta se acerque al mínimo del umbral de la pobreza que se marca a nivel europeo.
