El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha conversado hoy con representantes de la UE para tranquilizarles sobre el déficit y los casos de corrupción descubiertos en su comunidad autónoma.

Puig se ha reunido con la directora de la representación de la Comisión Europea, Aránzazu Beristain, para informarle de que esos casos de corrupción son de una época anterior y ha reivindicado las posibilidades de inversión del territorio.

En rueda de prensa posterior, ha reconocido que en los últimos tiempos han tenido una relación de "cierto conflicto" con la Comisión, derivado de actuaciones del "Gobierno anterior, que nos han situado, prácticamente, al margen de lo que es una relación institucional racional normalizada con la UE".

Incluso han recibido "alguna inspección preventiva", por lo que quieren normalizar la relación con la Comisión e informarles de que el Gobierno valenciano "no tiene nada que ver con la corrupción masiva", y que la comunidad tiene "un enorme potencial, con una gran cantidad de personas creativas, capaces, con empresas punteras y una posibilidad enorme de crecimiento".

Se ha referido al déficit de la autonomía, que ha originado una multa de 18,93 millones de euros de la UE a España por la manipulación de esos datos y que ahora el Consejo de Ministros quiere repercutir en la Generalitat.

"Es evidente que hay un problema de incumplimiento por parte de España -ha añadido-, que se tiene que referir a otras instituciones, y no se puede hacer ni un recorte más porque hemos llegado a una situación raquítica del Estado del bienestar".

Preguntado por si se puede paralizar el envío de fondos europeos a su región, su presidente ha recordado que 80 millones que estaban paralizados por la Comisión hace unos meses, "por la mala gestión del Gobierno anterior", se han puesto a disposición de la Generalitat.

"Es evidente -ha continuado- que se nos está mirando con lupa porque ha habido una falsificación de las estadísticas, en la que ha habido una connivencia del Gobierno de España" y de la anterior Generalitat, y que ahora el Ejecutivo central "quiere que lo paguen los valencianos".