La investigación practicada por la UCO de la Guardia Civil sobre el destino laboral de cientos de empleados de Imelsa „incluidos los asesores„ que entraron por enchufe o cobraron sin ejercer en la empresa en el día a día, ha subido un escalón y está ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Una vez perimetrado el alcance del presunto fraude laboral, los investigadores han recabado un informe a la Dirección General de Trabajo para conocer la legalidad de los destinos en los que ejercían. Entre otras razones para comprobar si se pudo haber incurrido en cesión ilegal de trabajadores o incluso en malversación de fondos o prevaricación por seleccionar al personal sin atender a criterios objetivos. Las pesquisas se centraron, de inicio, en los asesores de los consejeros de administración de Imelsa. Ninguno desarrollaba su labor en la empresa. La mayoría ejercía en la diputación y, en algún caso, en la sede de los respectivos partidos.
La causa de los asesores llevó a diversos miembros del órgano de gobierno de la empresa a prestar declaración ante la Guardia Civil. Otro de los objetivos de la investigación son los llamados zombis. De hecho, antes de iniciarse las pesquisas de la UCO, la propia dirección de Imelsa despidió a diez personas de las que no se tenían más referencias que la constatación de que percibían la nómina todos los meses. En su intención de descubrir a todos los empleados absentistas, la Guardia Civil citó a declarar a dos empleados de recursos humanos para que atestiguaran los destinos de los más de 500 brigadistas forestales y más de 200 empleados de otras dependencias, así como de los servicios centrales de Imelsa.
Entre las revelaciones de la investigación practicada figura la constatación de que se abonaron pluses sin justificar a directivos que prestaron algún servicio especial tanto al exgerente como al gobierno provincial del PP. Entre ellos, el exdirector financiero José Enrique Montblanch, que cobró 20.000 euros de plus de productividad solamente en un mes y más de 10.000 en dietas no justificadas durante cuatro meses. Decidieron aumentarle el sueldo para poder elevar la indemnización por un despido que fue pactado con la empresa pública.
