12 de marzo de 2016
12.03.2016
Administración pública

El Consell ofrece a los funcionarios un permiso de paternidad de 45 días

Justicia quiere firmar la paz social con los sindicatos y persigue un pacto de legislatura

12.03.2016 | 04:15

El Consell que preside Ximo Puig quiere garantizarse a lo largo de la legislatura un diálogo social sin contratiempos con los sindicatos de la función pública y para ello, les hará una oferta difícil de rechazar que incluye mejoras retributivas y laborales para todos los funcionarios de la Administración Pública, incluido el personal docente y sanitario. Para sellar esta paz social, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha hecho llegar a los sindicatos un documento de acuerdo que incluye, entre otras cuestiones, el compromiso de ampliar las plantillas, así como mejorar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido una de las propuestas es ampliar a seis semanas la duración del permiso de paternidad por el nacimiento o acogida de menores, que ahora es de 15 días. También dará permisos retribuidos a las funcionarias embarazadas a partir de la 37 semana de gestación hasta la fecha del parto. Si la gestación es múltiple el permiso retribuido sería hasta la semana 35 del embarazo. Hasta las funcionarias, como el resto de trabajadoras, solo tenían regulada la baja por maternidad, una vez nacidos los hijos.

El documento, que deberán negociar Administración y Sindicatos el lunes próximo en el ámbito de la Mesa General de la Función Pública, incluye también otros compromisos menos concretos, pero que abordan una reivindicación histórica de los sindicatos: la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos tras años de recortes y congelación salarial. Así, el Consell se compromete a «adoptar las medidas oportunas de carácter legislativo, reglamentario y presupuestario y organizativo necesarias para propiciar la recuperación del poder adquisitivo». En concreto, se negociará la recuperación, de forma gradual y atendiendo a la disponibilidad presupuestaria de la Hacienda de la Generalitat, del pago del 100% de las bajas médicas, al tiempo que se compromete a crear un fondo compensatorio. Ahora bien, el Consell se pone la venda antes de la herida y reconoce que parte de estas medidas dependen del Estado, por lo que asegura que instará al Estado a eliminar las restricciones legales de tipo económico.

Oferta de empleo público

Por otro lado, el Ejecutivo valenciano incluye en su oferta un compromiso de que durante todos los años (2016, 2017, 2018 y 2019) negociará y publicará ofertas de empleo público en los diferentes sectores. "Se ofrecerá el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal básica vigente". Se propondrá a las Corts que insten al Ejecutivo central que eliminen las cláusulas de los presupuestos generales del Estado que cada año limitan la convocatoria de plazas. En el documento, se recoge expresamente que la Generalitat se compromete a mantener el número de puestos de trabajo de las plantillas de todos los sectores para garantizar la prestación de servicios, pero también a incorporar nuevo personal y en consecuencia, aumentar las plantillas en aquellos casos en que se asuman funciones anteriormente cedidas en concesión, concierto o encomienda de gestión. Cabe apuntar que la Generalitat tiene un problema importante de personal para determinados trabajos que eran externalizados, es decir, encargos a empresas públicas o privadas. El actual Consell ha ido rescindiendo algunas de estos contratos y ahora se encuentra sin personal para hacerlo. Por otro lado, aunque no lo cita, al hablar de concesiones apunta a los conciertos sanitarios. La Generalitat tendría que cubrir estos servicios sanitarios con personal público. La Conselleria de Justicia añade que en la medida que sea necesario por el retraso en la incorporación del nuevo personal fijo, se mantendrán cubiertos los puestos con personal interino o temporal. En el apartado de acuerdos incluye también la reforma de la ley de la función pública y a desarrollar los decretos sobre código de buenas prácticas y el personal directivo público. Cabe recordar que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha constituido un comité de sabios para que le aconseje en la reforma de la ley, una iniciativa que no ha gustado a Intersindical, el sindicato que controla la dirección general de la Función Pública pero que, paradójicamente, es el que más crítico está siendo con la Generalitat.

Otra cuestión incluida, aunque no desarrollada en el texto, es la relacionada con la acción sindical. El Consell quiere una nueva regulación de los permisos sindicales para la negociación colectiva, pero, según consta en el preámbulo, no comporte los recortes de la pasada legislatura. Entre otros asuntos, también se quiere permitir la jubilación parcial a todos los empleados. El acuerdo que tendrá, si es firmado por los sindicatos, un periodo de vigencia de toda la legislatura, obliga a las organizaciones sindicales a "agotar todas las vías de negociación antes de adoptar medidas de conflictos o movilizaciones" durante el periodo de vigencia. Es el peaje que deberán asumir los sindicatos si sellan la paz con la nueva Administración al inicio de la legislatura.

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