César Sánchez y Javier Moliner avanzaron ayer que están estudiando acciones legales para «garantizar la prestación de los servicios», ante el «ataque frontal» que suponen los decretos de coordinación turística y deportes aprobados la semana pasada por la Generalitat. Los responsables de las diputaciones de Alicante y Castelló aseguraron que estas normas buscan el «desmantelamiento» de los gobiernos provinciales y avisaron de que, en la práctica, todo el presupuesto para estas competencias quedará en manos del Consell, que tendrá el control de los órganos de coordinación. Los servicios jurídicos están exploran la posible vía de recurso, si bien los populares lo tienen complicado ya que los decretos han sido avalados, tal como adelantó Levante-EMV, por el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Junto a la vía jurídica también se explora la política. Y junto al rechazo frontal, Sánchez y Moliner trataran de buscar un aliado: el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, a quien también le afecta el vaciado de competencias. Sánchez indicó que le solicitará un encuentro. También la portavoz del PP en la diputación, Mari Carmen Contelles, indicó que tratará que rectifique y se una a su causa.

Bonig avisó de que el PP «va a plantar batalla» contra los dos recientes decretos y denunció la clara intención de la Generalitat de controlar la autonomía y los servicios que prestan los gobiernos provinciales. César Sánchez subrayó que Ximo Puig, tiene que ser un presidente respetuoso con el territorio y debe trabajar para vertebrar, no para dividir». Explicó que le pidió un mes de moratoria

para escuchar al sector y que le dio la callada por respuesta. De ahí que Bonig acusó a la vicepresidenta Oltra y Puig de mentir porque no habían propiciado el diálogo. «Sin las diputaciones sería imposible sostener los pueblos pequeños», proclamó Sánchez.

Por parte, Moliner manifestó que mientras en el resto de Europa «se está produciendo una descentralización cada vez mayor», en la Comunitat Valenciana «es al revés», porque «el Gobierno regional usurpa la capacidad que tenemos de llegar a los ciudadanos» y busca «volver al centralismo».