El pasado día tres conocíamos una buena noticia, el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, anulaba algunos preceptos de la de la Reforma de la Administración Local. De esta manera el TC pone las cosas en su sitio, echando hacia atrás un proceso sin sentido que situaba los Servicios Sociales de proximidad fuera del ámbito competencial de los Ayuntamientos. La sentencia es una magnífica noticia para quienes defendemos el valor de la proximidad en la prestación de los servicios públicos y además pone punto final a un proceso sorprendente y absurdo. Diariamente miles de profesionales realizan un esfuerzo importante para atender problemas sociales tramitando ayudas, prestaciones y gestionando programas encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas especialmente de aquellas más vulnerables. Esta tarea había sido puesta en cuestión por una Ley que no tenía justificación técnica ni económica. Ahora sabemos que tampoco disponía de base legal alguna.
La decisión del Constitucional es muy buena noticia porque los preceptos derogados, además de perjudicar considerablemente a los ciudadanos, ponían en riesgo miles de puestos de trabajo de educadores, psicólogos y trabajadoras sociales, que han visto amenazada su tarea por la inseguridad jurídica que había generado el nuevo marco normativo.
La conocida como Ley de Racionalización provocó, desde el primer momento, una reacción contraria en todos los territorios. Las Comunidades Autónomas fueron manifestando su disconformidad, estableciendo moratorias a su aplicación e incluso recurriendo una Ley que atacaba frontalmente la tarea que vienen desempeñando las corporaciones locales desde hace más de 30 años.
Los Servicios Sociales Municipales resuelven miles de problemas diariamente y ofrecen una imagen de los ayuntamientos como una administración preocupada por lo que le ocurre a sus vecinos y que pone medios para resolver sus problemas, mediante el ofrecimiento de respuestas eficaces.
El municipalismo, la respuesta desde el territorio, es la forma más eficaz de combatir la vulnerabilidad social. En esta ocasión el Tribunal Constitucional ha corregido un error grave y además ha evidenciado una deriva extrañamente re centralizadora de un Gobierno que no ha respetado el marco constitucional debidamente y que tampoco ha sabido entender los criterios de eficacia de una función social que debe estar próxima al ciudadano.
