Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana, y Gabriela Bravo, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, han presentado hoy el anteproyecto de la Ley para la Función Social de la Vivienda, cuyo principal objetivo es garantizar y hacer efectivo el derecho al acceso a la vivienda, que de esta forma pasará a ser subjetivo.
Una vez aprobada, esta será la primera ley del nuevo Consell y según han afirmado ambos dirigentes políticos, será «paradigma de lo que es el Pacto del Botánico y de la visión progresista» del actual gobierno de la Generalitat.
En el anteproyecto se prevé multar con hasta 30.000 euros, e incluso se podría llegar expropiar de uso, a las entidades bancarias y a los grandes propietarios que no pongan a disposición de la Generalitat las viviendas vacías que tengan en la Comunitat Valenciana, según especifica Efe. Ésta es una de las medidas de fomento y estímulo para que salgan al mercado las más de 500.000 viviendas vacías que se calcula que existen en suelo autonómico.
Además, incluye medidas para evitar desahucios e, incluso, la expropiación de uso de las viviendas, aunque esto quedará en suspenso hasta que la ley estatal de segunda oportunidad acabe su vigencia (en mayo de 2017) o se derogue.
Así, la vivienda dejará de ser «un bien de lujo», ha asegurado Bravo, para convertirse en «un bien al servicio de la sociedad».
Otras de las medidas que se contemplan son la ampliación del parque público de la Comunitat Valenciana; la creación de registros de viviendas vacías; y varias ventajas para que se ceda temporalmente los inmuebles deshabitados a la Generalitat y ésta pueda ponerlos a disposición de los colectivos más necesitados a través de alquileres sociales o alquileres con opción a compra.
Como han explicado Puig y Bravo, las medidas que incluye el proyecto de ley que han presentado son «instrumentos e incentivos para que las personas que tengan dificultades -como jóvenes o familias desahuciadas- puedan tener casa. Ximo Puig ha ha asegurado que se trata del «punto de partida de la nueva política de vivienda basada en las personas, y no en la especulación».
Además de esta función social, con esta batería de medidas también pretenden estimular oficios ligados a la rehabilitación y construcción, que también han sufrido los embates de la crisis.
Se trata de una ley que han situado en la «vanguardia» entre las leyes sobre la vivienda de España y las comunidades autónomas.
