La figura del muerto está tan viva en las testificales de los casos de corrupción como la del mayordomo en las novelas de Agatha Christie. En una de sus declaraciones judiciales, el expresidente de Emarsa Enrique Crespo, por ejemplo, eligió a dos fallecidos para endosarles las culpas de contratar al gerente Esteban Cuesta.
A veces, los difuntos no sólo sirven para enterrar culpas sino que incluso se convierten en blanqueadores de presuntas mordidas y comisiones. La UCO de la Guardia Civil sospecha que las obras acometidas por el anterior gobierno municipal del PP de Cortes de Pallás en cementerios de sus pedanías con financiación de la diputación de Alfonso Rus sirvieron justamente para eso: fueron la coartada para hinchar facturas de unas obras que habrían servido para catalizar presuntas comisiones. Hasta ahí las sospechas. Las certezas las descubrieron los agentes de la UCO a pie de obra cuando se percataron de que se pagaron más nichos de los construidos en los cementerios.
No es la única presunta ilegalidad por facturación falsa. En su inspección sobre el terreno descubrieron que las obras pagadas, con cargo al llamado Pepos (Plan Provincial de Obras y Servicios) o al Plan de Núcleos —aldeas y pedanías—, no respondían a los trabajados realmente ejecutados. Ni por dimensión ni por materiales empleados o, mejor dicho, escatimados. El fraude y el saqueo en la ejecución de los planes provinciales fue generalizado en diversos municipios, según fuentes de la investigación del uso del dinero inyectado a los ayuntamientos a través de estos planes provinciales.
Los guardias civiles han visitado cada proyecto ejecutado en las siete pedanías del municipio del Valle de Ayora acompañados por los alcaldes pedáneos, que han ejercido de guías, de notarios, de inspectores y casi hasta de peritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ni uno más. Son los nichos nuevos que se construyeron en El Oro, una de las pedanías de Cortes. En la documentación judicial, que incluye el proyecto y la subvención provincial, constan 36 nichos pagados en el cementerio de ese núcleo urbano. La investigación del titular del Juzgado de Instrucción número18, de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO en el marco del caso Rus incluye el destino del dinero canalizado a través de los planes provinciales.
Unas pesquisas que afectan a la gestión del exalcalde Alberto Sáez (PP), que está, además, investigado por adjudicaciones de diez contratos y por sobrecostes en la construcción de depuradoras o en la del centro social del municipio. Del mismo modo, también han sido imputados la exteniente de alcalde Pilar Navarro, el aparejador municipal Juan Carlos Navarro y el secretario-interventor Miguel Ángel Peris.
En esa misma pedanía dependiente de Cortes de Pallás, la UCO de la Guardia Civil detectó que se habían facturado unos 125 metros cuadrados de suelo de caucho anticaídas en el parque infantil en vez de los aproximadamente 25 que en realidad se instalaron.
En Otonel, pedanía con 15 habitantes censados y menos de cinco residentes todo el año, se facturó también caucho instalado en el jardín de infancia cuando no se colocó ni un solo centímetro de este material que protege contra las caídas. Tampoco los metros cuadrados de asfalto facturado por las constructoras en varios caminos del término municipal, en distintas pedanías, se correspondía con los metros de obra acometidos en la práctica. La Guardia Civil lo comprobó tras practicar las mediciones en su metódico trabajo de campo.
