Hasta el pasado mes de diciembre, Eduardo Rojas (Valencia, 1962) era subdirector general y responsable del Departamento Forestal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una responsabilidad en la que ha conocido de cerca problemas como el de la deforestación de las grandes selvas de Indonesia o el Amazonas, donde cree que se han producido avances sustanciales que han logrado frenar el proceso. De nuevo en casa, Rojas aspira a presidir como decano el Colegio de Ingenieros de Montes, de ámbito nacional y analiza en esta entrevista el futuro de los bosques valencianos y de mecanismos de compensación como el Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Parece que hay unanimidad: el bosque nos aporta beneficios pero nadie se rasca el bolsillo, ¿tampoco Europa?
Europa no ha tenido política forestal. Tradicionalmente ha sido responsabilidad de cada país, casi de cada comunidad autónoma. Otra cosa son los mecanismos que abordan temas muy relacionados con los servicios ambientales claves de los bosques que son el agua y que es la mitigación del cambio climático. Tenemos la Directiva Marco del Agua, que habla de la plena recuperación de costes; o el Mercado de Emisiones de Carbono. En ambos sería perfectamente lógico incluir los bosques porque ejercen un «efecto esponja» que evita construcciones como embalses o encauzamientos, abaratan el tratamiento de agua previo al consumo...
Ha citado el caso de Nueva York. ¿En qué consiste?
La ciudad va a pagar 2.800 dólares por hectárea y año para que los propietarios mantengan 60.000 hectáreas de bosque que tienen una incidencia directa y beneficiosa sobre la calidad del agua que bebe Nueva York.
¿Sería un ejemplo a seguir?
Seguro. Tanto en el ciclo del agua como en el balance de carbono, como secuestradores de CO2, los beneficios del bosque son indudables y su abandono genera grandes costes. De alguna manera, eso sí es una cuestión de la Unión Europea pero ni la directiva del agua ni el mercado de carbono lo contemplan, aunque es una primera generación y todos esperamos un cambio que tenga en cuenta estos beneficios.
¿Y en el ámbito autonómico?
Hay mucho por hacer y cosas que cambiar. Si exceptuamos el personal, el presupuesto forestal de las CCAA procede de Planes de Desarrollo Rural, pero la mayoría ha optado por gestionar ese dinero, insuficiente, a través de empresas públicas como Vaersa y sus equivalentes y se ha evitado el pago por servicios ambientales a sus propietarios: privados o ayuntamientos, lo que ha actuado como un freno. En otras regiones se ha seguido una política «clásica» de subvenciones al sector privado en repoblación, podas, claras, etc., más que un sistema de pagos ambientales, que todavía hay quien lo confunde con pagar por no hacer nada.
¿El PDR valenciano introduce alguna novedad al respecto?
Hay más dinero y espero que no acabe como hasta ahora casi exclusivamente en manos de las empresas públicas. En el anterior PDR no se contemplaban partidas para política forestal y había muy pocos recursos. Aquí salíamos de los grandes incendios de 1994 y se optó por los grandes cortafuegos„que hizo Vaersa„ y mas tarde por grandes repoblaciones„ nada menos que 40.000 hectáreas al año, se llegó a decir„ de las que no queda nada.
Dice usted que el papel del bosque se parece mucho al de la mujer, ¿qué significa esa analogía?
Para mí existe un paralelismo clarísimo. En políticas primitivas se aborda lo que son los objetivos de interés general y se obvian los daños colaterales. Es un mecanismo clásico que en el caso de la mujer la ha mantenido subordinada al marido, dedicada a la procreación, a la casa, a los ancianos. La familia se beneficia, pero también toda la sociedad que en la medida en la que la mujer asume su propio papel tiene que gastar más en dependencia, guarderías. Todo eso ahora nos cuesta impuestos, antes no nos costaba nada. Pero a medida que la sociedad avanza se hace inviable subordinar a la mitad de la sociedad obligándola a prestar un servicio gratuito...
¿Y eso es lo que ocurre con los bosques y sus propietarios?
Claro. En el bosque y en general en los espacios protegidos ocurre tradicionalmente lo mismo: Son muy importantes para proteger el suelo y el agua, y también para la biodiversidad. ¡Ah claro! pero ¿ quién lo paga? Es el mundo rural básicamente, que soporta una carga para el beneficio del conjunto de la sociedad. Se privatizan las cargas y se socializan los beneficios. Es cierto que es mejor para la mayoría, pero es injusto para esa minoría, que además no tiene instrumentos para presionar o para el chantaje como otros colectivos. Su protesta es el abandono de la tierra, la emigración, y al final del proceso un territorio que se acaba quemando.
