15 de marzo de 2016
15.03.2016
Medida

El Consell podrá expropiar casas a los bancos para evitar desahucios

La ley garantiza una vivienda a los más desfavorecidos - Fija multas a las entidades bancarias que no cedan sus pisos

15.03.2016 | 10:04

El anteproyecto de la Ley de Función Social de la Vivienda, que el Consell hizo público ayer, puede ser la llave que abre la puerta de un nuevo hogar a centenares de valencianos que tienen dificultades para acceder a una casa.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas e Infraestructuras, presentaron ayer el anteproyecto como «el punto de partida de la nueva política de vivienda del Consell, basada en las personas y no en la especulación». En palabras de Ximo Puig, esta futura normativa es «paradigma del Pacto del Botánico y muestra de la visión progresista y moderna del nuevo Consell», aseguró.

Se trata de una ley que tiene como objetivo «hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada» como rezan la Constitución, la normativa europea y el Estatut, explicó ayer María José Salvador. Una vez entre en vigor la nueva legislación „que pondrá a la Comunitat Valenciana «a la vanguardia de las leyes autonómicas de vivienda», afirmó Puig„ se pretende «provocar el impulso y la promoción de las viviendas», además de ayudar a la rehabilitación y a los sectores tradicionalmente ligados con la construcción, que también han sufrido los embates de la crisis.

Las medidas principales van dirigidas a reducir el número de viviendas vacías que hay en la Comunitat Valenciana (unas 500.000 según el Instituto Nacional de Estadísticas) facilitando que colectivos sociales vulnerables puedan acceder a ellas. No obstante, para tener todos los datos, la Ley de la Función Social ordena la creación de dos registros: uno de viviendas vacías en las que las entidades financieras deberán especificar de cuantas casas vacías disponen; y otro de oferta y demanda en el que particulares que posean algún piso deshabitado podrán inscribirlo voluntariamente, como ya se propuso en la mesa de trabajo de la ley y publicó Levante-EMV.

Grandes propietarios
La Generalitat considera vivienda desocupada aquella que lleva más de dos años deshabitada y que pertenece a entidades financieras o grandes propietarios con más de diez propiedades. En ningún caso afectará a particulares ni a segundas residencias.

En los próximos dos años también se mejorará el parque público de viviendas (rehabilitando las que ya se disponen pero están en mal estado, por ejemplo) y se adaptará un 10 % a las necesidades de personas con diversidad funcional. Las ayudas que la conselleria ya ha hecho públicas y está implantando en materia de vivienda (como el plan contra la pobreza energética o alquileres inferiores al 30 % de los ingresos de la unidad familiar) se harán extensivas a los nuevos inquilinos.

Otro de los objetivos de la nueva ley será reducir los desahucios. Para esto, la conselleria mediará para convertir las hipotecas en alquiler con opción de compra o un alquiler social que no supere el 25 por ciento de los ingresos mensuales de la unidad familiar. Si la entidad financiera se negara a esto, la Generalitat podría iniciar un procedimiento expropiatorio «por interés social y necesidad de ocupación» por un plazo de tres años.

De esta manera, se blinda a los inquilinos y se evita que sean desahuciados, pero, como matizaba Puig, «no es una ley expropiatoria, es para activar el derecho de los ciudadanos a la vivienda». Una parte de estas medidas se solapan con la Ley de Segunda Oportunidad del gobierno de Mariano Rajoy, por lo que su aplicación deberá esperar a su anulación o que finalice su vigencia, en 2017. Antes de aplicar estas medidas, se intentará impulsar convenios con los bancos.

Para que los particulares ofrezcan sus viviendas deshabitadas, la ley prevé varios incentivos. Por ejemplo, el seguro del hogar correrá a cargo de la Generalitat y por otro lado, existirá un «alquiler solidario», por el que el propietario cederá hasta seis años la casa, a cambio de su rehabilitación por la conselleria y una renta mensual. Esta normativa también incluye sanciones y multas en los casos en los que se considere que no se realizan suficientes esfuerzos para alquilar un piso vació. Por ejemplo, se considerará sanción grave (de 600 a 3.000 euros) identificar de forma falsa una vivienda como domicilio habitual, y graves (de 3.000 a 30.000 euros) cuando un banco no alquile una vivienda en un tiempo determinado después de haber desahuciado.

La ley cuenta con una partida anual de 20 millones de euros, y su aplicación será supervisada por el Observatori de l'Hàbitat que se creará. El anteproyecto se presentará en las Corts mañana y se tramitará por vía de urgencia.

Como afirmó María José Salvador, es una normativa que reconoce el acceso a la vivienda como «derecho subjetivo» y que «no choca con la propiedad privada», consideró, para que la vivienda deje de ser «un bien de lujo y no tenga derecho de admisión».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Calendarios 2017/18

Calendario Laboral y Escolar Comunidad Valenciana

Consulta el calendario de 2017/18

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de València, Castelló y Alicante de 2017 y 2018, así como el calendario escolar para el curso 2016/17.


Enlaces recomendados: Premios Cine