15 de marzo de 2016
15.03.2016

Los 'investigados' pedirán el sobreseimiento de sus causas y se resisten a dimitir

Aseguran que en el sumario no hay pruebas del blanqueo de capitales ni tampoco un pronunciamiento claro del juez sobre su imputación

15.03.2016 | 02:52

El levantamiento del secreto del sumario cayó bien entre los 48 concejales y asesores del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia que están investigados por la trama de los 1.000 euros. Creen que no hay pruebas de blanqueo de capitales y se disponen a pedir lo antes posible el sobreseimiento de la causa (cada uno la suya). Es más, los 9 concejales en activo se replantean su acuerdo con Isabel Bonig y barajan la opción de no dejar sus actas de concejales aunque se mantenga la imputación.

Según explicaron varios de los imputados, en el sumario, de unos 400 folios, no hay pruebas de que les fueran devueltos los mil euros con dos billetes de 500. Después de leer con sus abogados todas las declaraciones y grabaciones, aseguran que sólo obra en su contra la conversación de María José Alcón con su hijo, en la que ésta explica el caso con detalle, y la declaración de cuatro asesores que se negaron a pagar o dejaron constancia de que lo habían hecho sin conocimiento. «Pero nada más. No hay pruebas de que se diera dinero a los inculpados», aseguran.

Tampoco habría, según las fuentes, acreditación de la procedencia ilícita del dinero, pues se supone que proviene de comisiones ilegales que no están demostradas en lo tocante al Grupo Popular.

Este convencimiento ha llevado a los implicados a reafirmar su posición de resistencia. En primer lugar recuerdan que en sus autos y providencias el juez no certifica su condición de «investigados». En todo caso, eso no se sabrá fehacientemente hasta que cada uno de ellos pida, a través de sus abogados, el sobreseimiento personal de la causa, cosa que van a hacer lo antes posible. Serán entonces cuando el juez se vea obligado a definir su situación, que ayer se daba por hecha, pero que no estaba reseñada en ningún escrito.

Dimitir o continuar
Y será entonces también cuando los concejales en activo deberán tomar una decisión respeto a su continuidad en el Grupo Popular del ayuntamiento, en el que sólo hay un miembro, Eusebio Monzó, sobre el que no pesa acusación alguna.

En principio, el acuerdo alcanzado con la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, era dejar el acta voluntariamente si se levantaba el secreto del sumario y seguían «investigados». Pero los datos que se desprenden del proceso les ha hecho replantearse ese acuerdo dada la falta de pruebas contra ellos, dicen.

«Lo que no podemos hacer es sabernos inocentes, que no haya pruebas contundentes contra nosotros y que nos tengamos que ir del ayuntamiento y del partido», aseguran.

Si el caso es sobreseído no habría ningún problema. Todos los concejales pueden continuar en sus puestos. Pero si son imputados y el partido les relama el acta, la otra opción es pasarse al grupo de los no adscritos y seguir en el ayuntamiento al margen del PP, cuyo grupo quedaría muy en precario.

Ayer, la presidenta regional, Isabel Bonig, dejó abiertas todas las puertas. No fue contundente en este sentido, por lo que la situación es bastante confusa. «El partido aprieta, pero no puede hacer cosas que son injustas», dijeron.

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