El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá que devolver a la Comunitat Valenciana 1.245 millones de euros por la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2014.
Se trata de un dinero que recibirá la Generalitat por el ajuste derivado de las entregas a cuenta del año 2014 y la estimación a la baja de ingresos que hizo el Gobierno. En esencia, la devolución viene a demostrar una vez más la necesidad de implantar un nuevo modelo de financiación. La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía a la que el Gobierno tiene que devolver más dinero, solo por detrás de Cataluña.
El ingreso está previsto para el mes de junio y el ministro, Cristóbal Montoro, ha avisado estos días que no hará anticipos del dinero de manera discrecional.
Mientras, seis días después de que la Comisión Europea transmitiera al Gobierno de España su «preocupación» por el destino de los fondos europeos que han llegado a la Comunitat Valenciana tras la escalada de casos de corrupción y mala gestión del anterior Consell, la Generalitat se ha puesto manos a la obra para tratar de atenuar la «hipoteca» que pesa sobre la reputación del Consell.
El organigrama tiene desde ayer una nueva viceintervención general que se encargará específicamente de velar por las ayudas provenientes de Bruselas.
No hace más de una semana que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió en Madrid con representantes de la Unión Europea, a los que trasladó la apuesta del Consell por la transparencia en los fondos públicos.
En concreto, el Consell crea una viceintervención para reforzar el control del dinero que llega de Bruselas. Según aseguran, la decisión estaba ya tomada antes de la carta que remitió la Comisión Europea con la reprimenda por los casos de corrupción y la reclamación de un control más severo.
El Consell, según anunció ayer la vicepresidenta, Mónica Oltra, también aprobó el decreto de modificación del Cuerpo de Interventores con un cambio «importante» ya que la interventora dejará de formar de parte de la Comisión delegada de Hacienda y Presupuestos para separar la figura encargada del control de la que tiene las funciones decisorias.
