La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció ayer los criterios para organizar las viviendas que los ciudadanos pusieron a disposición de la Administración para acoger a los refugiados, entre los que se contempla dar prioridad a las zonas rurales para las familias con menores, así como la distribución de no más de dos familias en ciudades medianas y la priorización de municipios con tejido económico.

Así, se lo transmitió ayer la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, a ACCEM, CEAR, Cruz Roja y Cáritas, entidades con las que se ha reunido dentro de las iniciativas puestas en marcha desde este departamento para continuar el trabajo marcado en el plan de la Generalitat encaminado a la puesta en marcha de los protocolos de actuación, entre los que se encuentra la propuesta a las ONG de un equipo de profesionales por cada diez familias por cada una de las zonas.

Ferrando denunció «la inoperancia del Ejecutivo central», lo que, según añadió, ha obligado al Consell a asumir la organización de las cerca de cien viviendas que los ciudadanos de distintas localidades pusieron a disposición de la Administración y que se han repartido entre las distintas entidades.