La culpa es de los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra. A esa conclusión llega el ejecutivo de Mariano Rajoy en el acuerdo del Consejo de Ministros que endosa a la Comunitat Valenciana la multa de 19 millones impuesta por Europa a raíz del descontrol en las cuentas de la Generalitat. Un caos en la contabilidad autonómica que se originó entre 2008 y 2011 al maquillar el déficit ocultando casi 2.000 millones en facturas de Sanidad.
El actual Consell del tándem que forman Ximo Puig y Mónica Oltra, sobre cuyas espaldas se quiere hacer recaer la sanción, ha recibido ya la notificación de la multa desde Madrid. La resolución es un duro alegato contra los ejecutivos del Partido Popular y, en concreto, contra el exinterventor general de la Generalitat Salvador Hernándiz, elegido por los populares con rango de alto cargo y que, incluso, llegó a comparecer en público en abril de 2010 para avalar las adjudicaciones con la red Gürtel.
La propuesta de acuerdo, rubricada por Cristóbal Montoro, defiende la responsabilidad «exclusiva» del Consell y, en concreto, de la Intervención con el fin de repercutir a la administración valenciana la citada multa, que el Gobierno pagó el pasado 28 de enero. La Intervención de la Generalitat, de acuerdo con el documento, omitió «importes significativos en el gasto sanitario no imputado a presupuesto en los ejercicios 2008 a 2011».
Y, además, añade que «en las reuniones bilaterales que se mantuvieron con la citada Intervención valenciana relativa al déficit de los ejercicios 2008 a 2010 no se puso de manifiesto la existencia de gasto sanitario devengado no registrado en la cuenta 409». «En todo momento se confirmaron los datos relativos a la ejecución presupuestaria enviados correspondientes a los ejercicios 2008 a 2010», una información que luego se demostró que era falsa.
Hacienda defiende que «no podía alterar la información de base comunicada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en cuestión si era ratificada por la Comunidad Autónoma». En otro momento, cita el informe de la Intervención del Estado para defender que «durante los años 2008 a 2012, no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas». Para apostillar: «A lo sumo solicitaba aclaraciones en los datos recibidos para que estos fueran confirmados, en su caso, por la Intervención correspondiente». Y agrega que la Intervención de la Generalitat Valenciana confirmó esos datos a lo largo de los años 2008 a 2012.
El acuerdo del ministerio, sin embargo, obvia las alegaciones de la Generalitat cuando recuerda que la práctica de los Consells del PP de esconder facturas en los cajones era «pública y notoria» desde mediados de los noventa, como la Sindicatura de Comptes reflejaba año tras año.
De este modo, la Intervención del Estado no necesitaba solicitar aclaración sobre los datos, ya que la Sindicatura los había recabado y hecho públicos. Esa información se envió además al Tribunal de Cuentas. De manera que no había que recurrir a ningún poder para conocer la existencia de gasto sanitario oculto por los gobiernos del PP, sino que esa información era conocida.
Este hecho es relevante, según el Consell, en el caso de la multa de la UE, ya que a pesar de que era conocida la situación de la Generalitat, Montoro no puso objeción a los datos de 2011.
No acepta que quede en suspenso
En la notificación, se detalla que el Gobierno de Rajoy tampoco ha aceptado otra de las peticiones de la Generalitat, la de que se quedara en suspenso la repercusión, en su caso, de la multa de 18,93 millones en tanto se dirimen los recursos. En el ejercicio de 2011, el gasto sin cobertura presupuestaria fue de 3.506,6 millones, de los que 1.157 se declararon en la cuenta 411; 2.049,1 en la cuenta 409; y 300,5 no figuraban registrados en ningún sitio.
