Cada residente de la Comunitat Valenciana destina una media de 469 euros en seguros y tratamientos médicos privados al año. Así lo certifican los datos de la edición 2016 del informe «Sanidad privada. Aportando valor», un extenso documento publicado de forma anual por la fundación IDIS. La entidad representa a aseguradoras, clínicas y grandes multinacionales y analiza la situación del sector en cada una de las 17 autonomías diseminadas por la geografía española. La media nacional se sitúa en los 501 euros: el dato valenciano es un 7 % inferior.
A su vez, el dispendio se divide entre los 121 euros de media destinados a seguros privados y los 348 euros que sufragan lo que en la fundación definen como «gasto de bolsillo»: tratamientos ajenos al sistema de salud pública que son pagados por los ciudadanos con sus propios recursos económicos. También se confirma que el desembolso medio en este tipo de tratamientos en Valencia, Castelló y Alicante disminuyó un 13 % durante el último año, ya que en 2014 fue de 533 euros.
«Hay menos dinero»
Miguel Usó, secretario general de Sanidad del sindicato UGT en la C. Valenciana, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «la única explicación viable es que, a pesar de lo que muchos dicen, las personas tienen menos recursos económicos a su disposición. Hay menos dinero. Y, ante esta tesitura, disminuye la inversión en este tipo de tratamientos. La gente hace lo que puede con lo que tiene». Los autores del informe también cifran el número de trabajadores que forman parte del sector sanitario privado en la Comunitat Valenciana, integrado por un total de 19.030 médicos, enfermeras y otros profesionales.
El representante de UGT argumentó que «aquí la relación es más que clara: si hay menos tratamientos e inversión, las empresas contratan a menos personas. Es algo casi instantáneo».
Pérdida de camas
Los técnicos de la fundación IDIS también cuantifican el número de camas hospitalarias disponibles en la C. Valenciana, tanto en los centros públicos como privados. En los hospitales dependientes de las administraciones se han perdido 112 unidades durante el último año y en los gestionados por firmas de capital privado hay once camas menos. Así, los centros públicos cuentan con una planta total de 11.183 camas y los del sector privado ofertan 2.438 camas a sus usuarios.
