Los nuevos gestores de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) están dispuestos a recuperar para las arcas públicas hasta el último céntimo que en la etapa popular pudo gastarse indebidamente. Y, en su toma de contacto con la firma pública, han encontrado toda una serie de anomalías que tienen que ver con personal, un capítulo que en el sector público fue durante años un pozo oscuro y sin fondo.
Así, según ha podido saber este diario, el nuevo consejo de la SPTCV decidió el pasado mes de septiembre reclamar a su antigua directora general, Laura Matilla, la devolución de las cantidades que, en base a la auditoría de 2014 elaborada por Mazars Auditores, fueron percibidas de forma indebida en concepto de dietas y que ascendieron a 845 euros. Matilla, técnico de administración especial, fue fichada por el Ejecutivo de Alberto Fabra en agosto de 2014.
Durante su gestión, que se extiende hasta el cambio de gobierno en 2015, Matilla reforzó su sueldo con la percepción de dietas correspondientes a desplazamientos desde su residencia (Alicante) a su lugar de trabajo y ello a pesar de que la gerente disponía de un coche de empresa que estaba a su servicio.
Fuentes de la Generalitat precisaron que usaba el vehículo como si fuera personal, incluso los fines de semana. En total, Proyectos Temáticos reclama un dinero que la firma tendrá que pelear en los tribunales ya que la exdirectiva ha presentado una demanda ante la jurisdicción social por considerar nulo su despido y no estar conforme con la liquidación practicada en el despido. La Generalitat defiende que la técnica cobró indebidamente su salario. Su retribución superaba el límite establecido en la ley de presupuestos.
No es el único litigio que tiene la SPTCV. La auditoría rebela también que otros dos trabajadores cobraron durante más de siete años un salario superior al permitido. La SPTCV tomó el acuerdo en 2008 de subirles el salario a pesar del informe desfavorable de la Dirección General de Presupuestos. Durante todo este tiempo los informes de las auditorías destacaban estas irregularidades, una anomalía que la última fiscalización relativa a 2014 volvió a señalar. Pero los nuevos gestores, a diferencia de los anteriores, han optado por tomar medidas.
Prescripción del cobro
Así, el consejo acordó minorarles el sueldo y reclamarles la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. En total y contando la reclamación a Matilla, el Consell pide 15.364 euros solo relativo a 2014, ya que la reclamación para el resto de ejercicios está prescrito. Uno de los trabajadores ha aceptado la reclamación y el otro ha pleiteado.
Fuentes de la Generalitat indicaron que en todo caso no se considera responsables a los trabajadores, sino a los gestores del PP que «procedieron a incrementarles el sueldo sin contar con las autorizaciones requeridadas por la normativa».
El caso de la SPTCV no es más que la punta del iceberg de un apéndice de la administración que disparó la deuda y amparó durante años todo tipo de irregularidades en personal y contratación pública. De ahí, el interés del Consell de atar en corto el sector público empresarial valenciano a través de una nueva ley que, tal como adelantó Levante-EMV, quiere acabar con la barra libre en la contratación de personal al entender que ha sido factor generador de corrupción.
