La portavoz del Consell, Mònica Oltra, avanzó ayer la intención del Ejecutivo de actuar contra los exresponsables de la empresa pública Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) por el presunto quebranto generado en las cuentas públicas por permitir aumentos retributivos en la plantilla sin la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda.
Oltra precisó que el Consell elevará el asunto al Tribunal de Cuentas para que se abra un procedimiento de responsabilidad contable por alcance de los últimos cuatro años contra los responsables del establecimiento, autorización y el pago de las citadas retribuciones.
Tal como avanzó ayer Levante-EMV, Proyectos Temáticas ha exigido ya a la exgerente de la sociedad, Laura Matilla, así como a dos empleados que devuelvan las cantidades cobradas de forma indebida en 2014. En total, se reclama 15.000 euros, así como los 845 en dietas que Matilla cobró por desplazamiento a pesar de contar con coche oficial. Oltra explicó ayer que junto a esta acción y tomando como referente el informe de la Intervención General sobre las auditorías de 2014 al sector público, se acudirá al Tribunal de Cuentas y, si hay base jurídica, a Fiscalía, para exigir responsabilidades penales.
El objetivo, según remarcó Oltra, es recuperar el dinero para las arcas autonómicas. En total, y según los cálculos de la Intervención, el importe acumulado de retribuciones no autorizadas asciende a 93.000 euros.
Las irregularidades en materia de personal detectadas en Proyectos Temáticas no constituye un caso aislado. El informe de la Intervención, del que se dio cuenta al pleno, revela el descontrol en el sector público valenciano en los últimos años.
Las conclusiones son demoledoras ya que prácticamente todas las entidades y empresas públicas de la Generalitat incurrieron en algún incumplimiento de la legalidad, tales como fraccionamiento de contratos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad, o el abono de salarios sin autorización. Tal es el panorama que en tres de estas empresas (Aerocas, Proyectos Temáticos y Ciudad de la Luz) el auditor privado se negó a emitir opinión.
Irregularidades en personal
Las irregularidades en el capítulo de personal son generalizadas. Así, de los 35 entes analizados, 29 no solicitaron, no obtuvieron o no consta la autorización de la masa salarial para 2014; en cuatro entidades existe disparidad de condiciones laborales del personal (Ivace, IVAS, EIGE y Fisabio); y en nueve, no se dispuso de autorización para contratar personal temporal (IVAS, CulturArts, Misteri Elx, Vaersa, Incliva, Fundación de la Fe, Región Europea, Palau de les Arts y Fisabio).
Por otro lado, ocho entidades superaron el límite presupuestario para los gastos de personal y, en el caso de la Luz de las Imágenes, la retribución de los directivos superó el límite establecido. Además, se han abonado excesivos importes por kilometraje, dietas e indemnizaciones, como es el caso del Palau de les Arts.
En cuanto a la contratación, las irregularidades se centran en el fraccionamiento de contratos, en el hecho de recurrir a un mismo proveedor en varias sociedades públicas, el exceso en el uso del procedimiento negociado sin publicidad, la declaración de urgencia motivada de forma insuficiente y la opacidad al no comunicar las adjudicaciones al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat.
Durante la rueda de prensa, Oltra indicó que la revisión de 2014 demuestra la necesidad de una ley del Sector Público Valenciano que ponga orden en los organismos y empresas públicos, y establezca mejoras en el control y en la transparencia. El presidente Ximo Puig anunció el martes que en espera de la ley se aprobará unas normas de transición.
Aerocas: 176 millones de coste y sin auditoría
Aerocas (la sociedad pública que gestionaba el aeropuerto de Castellón) se queda sin la opinión del auditor sobre las cuentas porque los anteriores gestores del Consell no remitieron un informe sobre el beneficio social o la rentabilidad potencial de la infraestructura, según precisaron fuentes de Consell. La auditoría, revela, por otro lado, que en el cierre de 2014, el coste de las obras de construcción del aeropuerto, ascendían a 176,37 millones de euros. El auditor privado tampoco emite opinión sobre la Ciudad de la Luz ante las incertidumbres de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las expropiaciones que se llevaron a cabo en Ciudad de la Luz y los 25,9 millones destinados a proyectos sobre los que no se ha realizado inversión, como la Ciudad de las Lenguas.
