El Ayuntamiento de Valencia se adentraría en terreno inexplorado si los concejales del PP fueran expulsados del partido por la Operación Taula. Ante el futuro del hemiciclo municipal se abren varios escenarios inciertos, tanto que el alcalde, Joan Ribó, pidió ayer un informe legal para saber cómo actuar.
Aunque señaló que no quiere ser «el brazo ejecutor de la justicia» e indicó que la decisión de dimitir o pasarse al grupo de no adscritos «es una potestad del Partido Popular y suya propia como concejales», Ribó sí que insistió en que los asesores del grupo municipal popular «dependen de la alcaldía» y serán cesados si llega una petición del grupo. «Por nuestra parte no hay ninguna intención ni de castigar ni de ensañarse con nadie, aunque el ayuntamiento le ha pedido de forma reiterada al Partido Popular que dejen sus cargos», aseguró el primer edil.
Si los concejales deciden no abandonar el acta, que es personal, pasarían al grupo de no adscritos, lo que antes era el grupo mixto. Este sería el primer escenario. En este grupo no tendrían derecho, según las fuentes jurídicas consultadas, a las subvenciones municipales para los grupos „4.000 euros al año y 382 euros por mes y concejal„.
Reglamento del pleno
Además, el Reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento establece que será la Alcaldía, oída la Junta de Portavoces, la que determine el tiempo de intervención de los concejales sin adscripción, que no podrá ser superior al que les corresponde a los miembros de un grupo. Un edil no adscrito ha de pedir por escrito a la Alcaldía en qué comisiones quiere integrarse con voz y voto. Será Ribó, junto a la Junta de Portavoces, quien resuelva este extremo.
En este caso, que en estos momentos parece el más probable, el perjuicio económico para el PP de la ciudad de Valencia sería considerable. Actualmente, con sus diez concejales, el grupo recibe una subvención de 49.840 euros anuales, pagados trimestralmente, que van dirigidos a ejercer su labor de oposición en el consistorio pero que, en ocasiones, se emplean para financiar los propios partidos. Con un solo concejal „Eusebio Monzó, el único no investigado„, el PP recibiría 8.584 euros al año, casi seis veces menos.
El otro escenario, que es el que parece menos probable, es el que se daría si los concejales investigados renunciaran al acta.
En ese caso, correría la lista. Sin embargo, de los 26 candidatos „23 más los suplentes„ que iban en la lista del PP en las elecciones de 2015 y que no entraron en el consistorio, 10 están investigados en la Operación Taula que investiga blanqueo de capitales en el PP, por lo que habría que echar mano de los 17 restantes, entre los que se encuentran el pelotari Tino Bendicho (que iba el 32 en la lista de Barberá); Paula Llobet, cuñada de Alfonso Novo; y el propio Eusebio Monzó, que tiene dedicación parcial en el consistorio.
